La Fiscalía de La Paz concluyó la etapa de investigación y emitió una resolución de acusación formal contra el exministro de Justicia, César Siles, exautoridades judiciales y otros implicados en el denominado caso “consorcio”. La institución solicita la aplicación de una pena de 10 años de cárcel para los acusados.
Los delitos atribuidos son tráfico de influencias, consorcio y organización criminal, informó el fiscal Miguel Cardozo. Además de Siles, también serán juzgados los exvocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova y Claudia Castro; el magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Iván Campero; y Oscar Antonio de la Fuente Amelunge.
En el proceso también figuran un exfuncionario público y un abogado implicados en el caso.
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El fiscal indicó que la acusación fue presentada ante el órgano Judicial para solicitar el inicio del juicio oral, público y contradictorio, donde se solicitará al tribunal la declaratoria de culpabilidad para los acusados, la aplicación de una pena condenatoria, conforme a lo establecido en el Código Penal, e incluso una posible imposición de la reparación del daño civil al Estado.
El caso salió a la luz a mediados de 2025, cuando inició una investigación por presunta corrupción, tráfico de influencias y manipulación de fallos judiciales para destituir a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
Según las pesquisas, un consorcio judicial habría presionado al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, para que ordene la destitución de Coaquira mediante una acción de cumplimiento y autorizar la designación de su suplente, Iván Campero. En medio del escándalo, el juez se quitó la vida.
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Durante la investigación, se difundieron audios que vinculan al exministro Siles y a otros implicados. En uno de ellos se escucha a la exautoridad ofrecer garantías a Lea Plaza para participar del plan.
En junio de 2025, la Justicia determinó la detención preventiva de Siles por cinco meses en el penal de Patacamaya, sin embargo, luego fue beneficiado con arresto domiciliario. El exministro no pasó ni una noche en el recinto penitenciario, ya que permaneció internado en una clínica, argumentando problemas de salud.
Por este caso, sólo la exvocal Claudia Castro cumple detención preventiva en el penal de Obrajes, en La Paz, el resto fue beneficiado con medidas sustitutivas a excepción de Amelunge, quien se encuentra prófugo de justicia y buscado por las autoridades.
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Recientemente, la defensa legal de Siles y Cordova informó sobre un acuerdo entre los sindicados y la víctima que incluía una reparación a cambio de desistir de la acción penal en su contra, pero el Ministerio Público rechazó el documento, debido a que no tenía la firma de la magistrada Coaquira.

