La diputada de Libertad y Democracia (Libre), Patricia Arancibia, solicitó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitir un pronunciamiento sobre la decisión judicial de suspender la difusión de encuestas electorales de cara al balotaje del 19 de abril, dentro de una acción popular presentada contra el órgano Electoral.
Arancibia advirtió que la disposición, emitida por el Juzgado de Instrucción Primera de El Torno, en Santa Cruz, contrasta con los compromisos institucionales asumidos para garantizar el desarrollo de las elecciones subnacionales.
Recordó que el acuerdo firmado el 15 de enero de 2026 por autoridades del TSJ, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), tenía por objetivo, precisamente, impedir la admisión de recursos judiciales que puedan interferir en el proceso electoral, reconociendo al ente Electoral como máxima autoridad en la materia.
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“Rechazamos enfáticamente la injerencia de la justicia en el órgano Electoral, porque no es nada sana”, afirmó.
La controversia surgió luego de conocerse la decisión del juez Diego Campero García, quien concedió una medida cautelar dentro de una acción popular interpuesta por Maria Elena Aramayo Quinteros.
El fallo ordenó a todos los medios de comunicación suspender la difusión de encuestas o sondeos de intención de voto, a pocas horas del desarrollo del debate entre candidatos que participación en la segunda vuelta para la elección de los gobernadores de Santa Cruz, Beni, Oruro, Chuquisaca y Tarija para los próximos cinco años.
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La parlamentaria cruceña apuntó a un consorcio jurídico vinculado a un postulante a la Gobernación cruceña por la presentación del recurso judicial que frenó la difusión de encuestas, ya que los tiempos de su aplicación generan dudas sobre su intencionalidad.
En ese sentido, exhortó al titular del TSJ aclarar si el fallo corresponde a una posición institucional o a una actuación individual dentro del sistema judicial
“Que diga si este es un acto consentido por el Tribunal o es un acto unilateral de un juez que está manoseando un proceso electoral”, sostuvo.
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Arancibia advirtió que, en caso de confirmar irregularidades en el proceso, su bancada impulsará acciones legales ante el Ministerio Público contra los responsables.
Finalmente, anunció que solicitará informes al TSJ y al TSE para esclarecer el alcance de la medida y su impacto en el derecho a la información.