El cabildo convocado por el senador suplente Nilton Condori y respaldado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en la ciudad de El Alto concluyó con la aprobación de un pliego de demandas, que incluye un plazo de 15 días para la reducción del 50% de las dietas de diputados y senadores, tanto titulares como suplentes, además de la abrogación de la Ley 157 de conversión de pequeña a mediana propiedad.
La multitudinaria concentración, que se realizó este sábado en inmediaciones de la estación de la Línea Roja de Mi Teleférico y contó con la participación de distintos sectores sociales, advirtió que demandará la renuncia de las autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo si no atienden sus exigencias.
El desarrollo del cabildo estuvo marcado por momentos de desorden durante la lectura y aprobación de los puntos. Aunque inicialmente la agenda se centraba en la reducción de salarios de los legisladores y la eliminación de beneficios como las rentas vitalicias de expresidentes, las resoluciones finales abarcaron más temas de los previstos.
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Uno de los puntos más llamativos fue la propuesta de eliminar a los legisladores suplentes, al considerarlos un “gasto innecesario” para el país. Sin embargo, en un momento, se interpretó que la iniciativa fue aprobada por los asistentes, pero el propio Condori -quien ejerce como parlamentarios suplente- señaló que la intención estaba orientada a reducir en un 50% los salarios tanto de titulares como de vicarios, planteando un ajuste general al gasto público en el ámbito legislativo.
Según Condori, la propuesta contempla un recorte salarial de 23.000 Bs a 10.000 Bs para los titulares y de 7.000 Bs a 3.500 Bs para los suplentes. Además, instó a la aprobación de un proyecto de ley presentado ante la Cámara de Senadores plantea esta iniciativa.
“El eje fundamental es que los mankagastos (mantenidos) tienen que reducirse a 10.000 bolivianos. Y los suplentes que ganan 7.000 bolivianos se deben reducir a 3.500. Esa es la esencia de este cabildo”, afirmó.
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El senador advirtió que, en caso de no cumplir las demandas del cabildo en el plazo establecido, las organizaciones sociales participantes activarán movilizaciones.
“Después de 15 días, este pueblo organizado va a empezar a pedir lo que ha pedido el cabildo, renuncia de todos estos mankagastos, empezando del Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, afirmó.
No obstante, durante el desarrollo del cabildo, varios dirigentes sociales emitieron discursos cada vez más duros contra el Gobierno, llegando incluso a exigir la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz, por la aprobación de leyes y decretos que no fueron consensuadas ni socializadas con la población.
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Algunos de los discursos apuntaron a que la concentración marcaba el inicio de la resistencia de las organizaciones sociales contra las supuestas injusticias de parte de la administración nacional, mientras que otros cuestionaron al vicepresidente Edmand Lara por respaldar, en un inicio, la actividad y luego cancelar su participación.
En ese sentido, representantes de sectores campesinos, gremiales y otros coincidieron en cuestionar decisiones del Ejecutivo y demandaron mayor atención a sus demandas y necesidades.
El proceso de aprobación de las resoluciones del cabildo también fue blanco de críticas, ya que algunos puntos fueron leídos sin someterse a votación y otros fueron omitidos, como el caso de René Yahuasi, excandidato a la Gobernación de La Paz por Nueva Generación Patriótica (NGP) que quedó fuera de la carrera electoral luego que la organización política declinó su participación en la segunda vuelta.
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Yahuasi lamentó que si situación no haya sido abordadas a profundidad durante el encuentro, pero adelanó que continuará impulsando su agenda a través de futuras movilizaciones y acciones judiciales.
Asimismo, los organizadores señalaron que el documento final tendría correcciones para evitar contradicciones y observaciones de los asistentes.
Entre las resoluciones también figuran la abrogación de la Ley 157, que permite la reclasificación de la pequeña propiedad en mediana, la eliminación de la renta vitalicia para exmandatarios y la suspensión del tratamiento de la ley antibloqueos, ente otros.
El documento aprobado se establece que, si el Gobierno no demuestra voluntad de atender las demandas de los sectores movilizados, se solicitará de manera inmediata la renuncia del mandatario.

