El presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó el Decreto Supremo 5595, que establece el programa “Tranca cero”, una política orientada a reducir la burocracia, eliminar trámites innecesarios y modernizar la gestión pública.
La norma dispone a todas las instituciones del nuevo central del Estado iniciar un proceso obligatorio y trasversal de desregulación dentro del órgano Ejecutivo, con la finalidad de reducir cargas administrativas, facilitar el acceso a servicios y promover la inversión privada en un escenario actual de desafíos económicos para el país.
“El presente Decreto Supremo es aplicable a todos los ministerios, instituciones públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas públicas, empresas en las que el nivel central del Estado tenga participación mayoritaria, sus filiales y subsidiarias, y otras entidades del Órgano Ejecutivo”, señala el artículo 4 de la norma.
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Entre sus principales medidas, el decreto instruye a todas las entidades públicas revisar sus procedimientos administrativos, identificar trámites innecesarios y justificar técnicamente cada requisito que exijan a ciudadanos o empresas.
Las instituciones deberán realizar un inventario completo de sus procedimientos y remitir esa información al Gobierno para su evaluación dentro del proceso de simplificación.
Todos esos datos serán incluidos en el Catálogo Nacional de Trámites que será un nuevo sistema de registro único y obligatorio. A partir de su implementación, ninguna entidad pública podrá exigir requisitos o procedimientos que no estén incluidos en este sistema, con excepción de los establecidos por ley.
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El catalogo incluirá información detallada sobre cada trámite, como requisitos exigidos, plazos de atención, costos, la entidad responsable y la base legal del procedimiento
La norma también inaugura el sistema digital “Reporta Tu Tranca”, una plataforma donde los ciudadanos podrán denunciar trabas burocráticas, cobros indebidos o retrasos en la gestión pública. El mecanismo garantizará la confidencialidad de los usuarios y será un insumo secundario para la eliminación o modificación de regulaciones.
Asimismo, el decreto dispone la eliminación de requisitos innecesarios en trámites administrativos, como la prohibición de exigir fotocopias de la cédula de identidad y la reducción del uso del certificado de nacimiento cuando no sea indispensable.
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Para facilitar este objetivo, el Gobierno promoverá la interoperabilidad entre sistemas públicos, permitiendo que las instituciones públicas compartan información de manera digital.
Otro pilar del decreto es la digitalización de trámites, con la finalidad de reducir la necesidad de presencia física de los ciudadanos en oficinas públicas.
Además, se implementará un Ranking de Simplificación Regulatoria, que evaluará el desempeño de las instituciones públicas en la reducción de cargas burocráticas. Las entidades públicas deberán reportar periódicamente los cambios implementados y los resultados del proceso de simplificación administrativa.
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El Gobierno sostiene que la iniciativa busca transformar la gestión pública en un facilitador de la actividad económica, mejorar el clima de inversión, reducir costos para empresas y ciudadanos y hacer más eficiente el funcionamiento del Estado.
Además, pretende dejar atrás el denominado “Estado tranca”, al que atribuye efectos negativos como la corrupción, la ineficiencia y la inseguridad jurídica.
El decreto será reglamentado en un plazo de hasta 30 días hábiles y entrará en vigencia una vez cumplido este procedimiento.