El director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, Pablo Camacho, anunció este lunes que 14 empresas estatales, deberán afrontar en 2026 obligaciones por aproximadamente Bs 1.025 millones con el Banco Central de Bolivia y el Fondo para la Revolución Industrial Productiva.
Entre las empresas afectadas se encuentran la Industria Boliviana de Lácteos y la Empresa Azucarera San Buenaventura, entre otras. Actualmente hay ocho compañías en esta condición, pero se proyecta que para esta gestión el número alcance 14.
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El Gobierno analiza alternativas para enfrentar esta situación, incluyendo auditorías, evaluaciones de gestión, valorización de empresas y la promoción de alianzas público-privadas que permitan mejorar la administración o reestructurar algunas de ellas.
Camacho señaló que la Ley 466 de la Empresa Pública limita la capacidad de implementar medidas a las mismas, pues exige al Estado mantenga el control total de estas empresas.
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“El marco legal de 20 años que nos dejan es muy entramado y va a costar encontrar soluciones”, afirmó.