El Gobierno del nuevo presidente chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, aseguró este martes que no eliminará el acceso de los migrantes irregulares a la educación ni a la atención sanitaria, pese a impulsar reformas para endurecer la política migratoria y tipificar como delito el ingreso irregular al país.
“Hay dos (beneficios) que para nosotros son muy centrales y que no los vamos a tocar. Uno es la educación y dos es la atención de salud”, dijo el ministro de la Presidencia de Chile, José García Ruminot, en declaraciones a la emisora local Radio Pauta en las que se refirió a las modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería que quieren aprobar en el Congreso.
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El Ejecutivo dio urgencia legislativa a 20 proyectos de ley sobre temas de seguridad, migración y crimen organizado, que ya se encontraban en tramitación, dando continuidad a lo anunciado por el presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, el pasado miércoles en el día de su investidura.
Entre las medidas se encuentra un proyecto que tipifica el ingreso irregular al país como un delito, junto con la petición de limitar el acceso de los extranjeros irregulares a beneficios sociales, que el ministro, aclaró, se trataría de “postular a proyectos, a distintos beneficios de carácter social”.
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Ruminot consideró que la aprobación podría tener avances prontamente, considerando el tiempo de tramitación y discusión pública que llevan dentro del Congreso.
“Pensamos que vamos a contar con los apoyos necesarios para que estas iniciativas puedan transformarse en ley de la República”, precisó.
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Dentro del abordaje de la migración irregular, Kast puso en marcha el lunes la construcción de barreras en la frontera con Perú y Bolivia para frenar el ingreso de inmigrantes no documentados.
Incluso, el mandatario, de 60 años, viajó hasta la región de Arica, en la frontera con Perú, para supervisar el inicio de la construcción de los obstáculos en esa zona, que forman parte de su promesa de campaña de detener la llegada de migrantes irregulares a Chile, en su mayoría venezolanos, a los cuales se vincula con el aumento de la criminalidad.
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El Gobierno dio un plazo de 90 días para la construcción de estas barreras, aunque no precisó el tipo específico de infraestructura que cerrará el paso en las tres regiones del norte del país.
En el paquete de modificaciones a distintas normativas se encuentra también cambios a la gratuidad en la educación superior, ante lo cual el ministro explicó que se trata de acotarla y no de eliminarla.
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“Señalo, categóricamente, no estamos terminando con la gratuidad”, afirmó antes de reconocer que la medida despierta aprehensiones y se las atribuye a que no se entendió el alcance.
La medida abarca a un grupo de estudiantes determinados y que se aplicaría para futuras postulaciones, según comentó.
“Se calcula más o menos entre 7.000 y 10.000, por tener más de 30 años ya no tendrían acceso a la gratuidad, no los actuales, sino que para postular más adelante”, cerró.
// EFE