El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, fue trasladado de una clínica privada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde aguarda su audiencia de medidas cautelares dentro del denominado caso “Pavimento fantasma”. El Ministerio Público confirmó que en las próximas horas emitirá la resolución de imputación formal y solicitará la detención preventiva de la autoridad edil por 180 días, mientras avanza la investigación.
Fernández fue aprehendido la tarde del martes luego de prestar su declaración por una investigación que indaga un presunto daño económico de aproximadamente Bs 6 millones.
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“El Ministerio Público va a requerir de manera objetiva y fundamentada ante la autoridad judicial la medida excepcional de la detención preventiva al considerar todos los riesgos procesales”, informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.
De acuerdo a los antecedentes, el burgomaestre cruceño enfrenta una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el entonces concejal Carlos Manuel Saavedra, respaldada por un informe de la Contraloría General del Estado (CGE), que detectó presuntas irregularidades en 16 obras de pavimentación en la capital cruceña.
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Fernández asistió a comparecer el martes y horas quedó aprehendido. Al momento de su traslado a dependencias policiales, presentó una descompensación de salud, por lo que fue derivado a una clínica privada, donde permaneció bajo atención médica hasta horas de la noche.
Antes de la madrugada de este miércoles, la autoridad edil fue conducida a instalaciones de la FELCC. Zeballos informó que la medida de aprehensión busca asegurar la presencia del alcalde en el proceso investigativo y facilitar la recolección de mayores elementos de prueba sobre el destino de los recursos observados.
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En la misma causa también figura el secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, quien es investigado por las presuntas irregularidades en los proyectos observados. Sobre el funcionario edil pesa una alerta migratoria para impedir una eventual salida del país.
Por su parte, el abogado del alcalde, Fabio Joffré, calificó la resolución de “totalmente arbitraria” y defendió la legalidad de las obras cuestionadas. “Los asfaltos están totalmente en su lugar construidos, entregados. Así que es totalmente arbitraria la resolución”, afirmó.
Las indagaciones alcanzan al menos siete proyectos de pavimentación que presentarían posibles irregularidades administrativas y penales en los procesos de contratación y desembolso de fondos municipales. De acuerdo con las inspecciones técnicas realizadas, dichas obras no se habrían concretado.