El presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado, Nicanor Cochi, anunció que solicitará una petición de informe escrito al presidente del Estado, Rodrigo Paz, para conocer los motivos de la ratificación de Gustavo Ávila como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
A criterio de Cochi, existen profesionales mejor calificados y con mayor preparación para ocupar el cargo.
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“Vamos a solicitar una petición de informe sobre qué pormenores se han considerado en este decreto presidencial (…) Al Ejecutivo, a nuestro presidente corresponde que nos explique, mediante documentación, cuales son los parámetros para volver a ratificar al vocal”, declaró.
Mediante Decreto Supremo 5545, Paz Pereira ratificó a Ávila como vocal del órgano Electoral en representación del Gobierno nacional. El alto funcionario del tribunal ocupa el cargo desde abril de 2024, cuando fue designado por el entonces presidente Luis Arce, en reemplazo de Dina Chuquimia.
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El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y presidente de la comisión legislativo cuestionó la decisión presidencial y consideró que los funcionarios que ya ocuparon cargos en la anterior gestión deben ser alejados de la actual administración.
“Hay buenos profesionales; siempre vamos a decir que muchos que ya fueron funcionarios deben ser alejados, pero el criterio de la parte ejecutiva nos lo tiene que mencionar”, indicó.
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Luego de la elección de nuevos vocales del TSE en diciembre de 2025, Ávila asumió la presidencia del ente electoral por decisión de Sala Plena.
Actualmente, el flamante titular del tribunal electoral encara la organización y ejecución de las elecciones subnacionales, que avanza en medio de reclamos y denuncias por la inhabilitación de organizaciones políticas que no lograron mantener su personería jurídica en el anterior proceso electoral.
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El exdiputado Rafael “Tata” Quispe anunció acciones legales contra Ávila por inhabilitar su candidatura a la Gobernación de La Paz y, a través de una carta, solicitó a Paz la destitución del vocal.
Quispe cuestionó que el mandatario mantenga en el cargo a autoridades que ejercieron funciones durante la gestión Movimiento Al Socialismo (MAS), pese a su discurso de renovación.