De acuerdo con lo establecido en la Ley 1709, promulgada para reforzar los mecanismos de control y transparencia, las exautoridades nacionales que concluyeron su gestión el 7 de noviembre de 2025 deben permanecer obligatoriamente en territorio boliviano hasta mayo de este año, mientras que las autoridades subnacionales que culminarán funciones en mayo tienen prohibido salir del país hasta noviembre. La norma amplía de tres a seis meses el periodo de permanencia obligatoria tras el cese de mandato.
El artículo 2 de la ley establece que la disposición alcanza a todos los niveles de la administración pública, incluyendo a las autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo, como el presidente, vicepresidente, ministros de Estado y asambleístas nacionales. El objetivo, según el texto legal, es garantizar que las exautoridades puedan rendir los informes que sean requeridos por las instancias entrantes y precautelar los intereses del Estado.
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La restricción también se extiende a gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales, concejales municipales y a las máximas autoridades ejecutivas de empresas e instituciones públicas, mixtas o privadas que administren recursos fiscales. En el caso de las autoridades subnacionales, el impedimento de salida del país se aplicará desde la conclusión de sus mandatos en mayo hasta noviembre de este año.
En total, la medida alcanza a más de cinco mil autoridades en todo el país. Solo en el nivel central del Estado, las exautoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo que dejaron sus cargos en noviembre de 2025 superan las 400 personas, considerando a los cerca de 350 asambleístas nacionales entre titulares y suplentes, además de ministros y otras altas autoridades, cifra que se incrementa significativamente al incluir los niveles departamental y municipal.
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