El diputado de la Alianza Unidad e impulsor de la investigación del caso Botradig, Carlos Alarcón, solicito una petición de informe escrito (PIE) al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, para que expliquen sobre el supuesto sobreprecio de 4 millones de dólares por mes en la compra de petróleo crudo con la empresa Trafigura por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
«Acabo de presentar un pedido de informe escrito para que el ministro de Hidrocarburos, a través del presidente de YPFB, explique por qué YPFB pagaba a Botradig $us 48.10 por barril de petróleo y $us 18.41 por barril en Arica, mientras que a Trafigura le paga $us 20.88 por barril de petróleo y $us 22.82 por barril en Arica, lo que representa un sobreprecio de 4 millones de dólares al mes», afirmó Alarcón.
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También solicita que la Comisión de la Verdad informe sobre un posible sobreprecio en la compra de petróleo crudo, ya que el proceso del PIE puede demorar varios días. Además, pide al presidente de la Cámara de Diputados que la Comisión Especial de Investigación sobre el combustible amplíe su objetivo para investigar no solo la calidad, sino también los precios, facturas y procesos de contratación de diésel, petróleo crudo y gasolina.
«Además de este pedido de informe escrito, he presentado una nota a la Comisión de la Verdad, presidida por el Procurador General del Estado, señalando que, como el pedido de informe demora días en su procesamiento, la Comisión de la Verdad convoque de urgencia una sesión y, lo antes posible, informe al pueblo de Bolivia sobre esta denuncia de un probable sobreprecio en la compra de petróleo crudo en relación con lo que ocurría en las anteriores compras a la empresa Botradig», afirmó el legislador.
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Así mismo Alarcón solicito al presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, para que trate la ley para la pena máxima para la corrupción agravado, que incluye una pena de 30 años sin derecho a indulto, decomiso de todos los bienes del patrimonio, inhabilitación perpetua para el ejercicio de funciones públicas y arraigo por lo menos de un año.