El presidente del Estado, Rodrigo Paz, designó el martes Sandra Quiroga Solano como contralora general del Estado, en calidad de autoridad interina. La medida fue formalizada mediante un Decreto Supremo.
De acuerdo con uno de los considerandos del Decreto 5538, la designación de autoridades interinas tiene un carácter temporal y busca cubrir la ausencia de una autoridad titular, mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) concluye el proceso de selección del nuevo titular de la Contraloría General.
LEE TAMBIÉN: Oruro: Gasifican a choferes que protestaban en planta de YPFB por ‘mala calidad’ de la gasolina
La disposición se sustenta en la Sentencia Constitucional Nº 0218/2004-R, emitida el 11 de febrero de 2004, que faculta al jefe de Estado realizar nombramientos interinos en cargos cuya designación corresponde a otro órgano del Estado
Quiroga Solano asumirá funciones en reemplazo de Nora Herminia Mamani Cabrera, quien fue posesionada en julio de 2020 durante la gestión del entonces presidente Luis Arce.
LEE TAMBIÉN: JP Velasco tilda de «operador político» al zar antidroga y lo acusa de no trabajar en la lucha contra el narcotráfico
La nueva autoridad, oriunda de Tarija, es auditora de profesión y posee una maestría en Gerencia Pública, además cuenta con una amplia trayectoria dentro de la Contraloría General del Estado (CGE).
En octubre, la anterior gestión legislativa resolvió dejar en manos de los nuevos representantes de la ALP la designación del contralor general del Estado, pese a que el proceso de selección de candidatos ya se encontraba avanzado.
LEE TAMBIÉN: Tras la llegada de Starlink a Bolivia, ¿Qué pasará con el satélite Túpac Katari? Esto dice el Gobierno
Roy Cecilio Ancasi Colque, Benedicto Marcos Apaza Vargas, Armando Arce Balcazar, Edgar Luis Cayujra Barreto, Ana María Chuquimia Quispe, Edino Claudio Clavijo Ponce, Carlos Javier Garrón, Miguel Ángel Marañón Urquidi, Sandra Quiroga Solano y Alfredo Lorenzo Villca Cari, figuran entre los postulantes que llegaron a la etapa final del proceso de selección.
Ante este escenario, los actuales diputados y senadores tienen la responsabilidad de definir el futuro del proceso de designación de la autoridad cuya institución es la encargada de fiscalizar la gestión de las entidades públicas.

