La ministra de Salud, Marcela Flores, informó que Bolivia podría perder la certificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la declaraba como “país libre” de sarampión y poliomielitis, debido a la desatención y la crisis del sistema de salud generadas por el anterior Gobierno.
En conferencia de prensa, la autoridad recordó que el Estado Plurinacional demoró cerca de 20 años para obtener la certificación internacional, por lo que se deben asumir acciones urgentes para prevenir el aumento de casos.
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“Es importantísimo que no perdamos la certificación. Varios países la perdieron, Brasil la perdió y le costó millones de millones volver a obtenerla. Nosotros hemos demorado por lo menos unos 20 años en tener esa certificación, entonces no nos podemos dar el lujo de perderla”, declaró este jueves.
El anterior año, Bolivia atravieso un rebrote de sarampión, con 340 casos confirmados hasta diciembre, la mayoría registrados en el departamento de Santa Cruz. Por ello, la OMS alertó que el país podría incumplir los requisitos para mantener su estatus de país libre de la enfermedad.
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Para evitar ese extremo, la ministra Flores anunció un plan de vacunación masiva que arrancará los primeros días de marzo, particularmente en la región cruceña, que concentró más focos de transmisión, y en las semanas siguientes del mismo mes, se inmunizará en el resto del país.
“Las dos siguientes semanas de marzo se va a vacunar en el resto del país. Vamos a llevar nuestras brigadas inicialmente a Santa Cruz y luego al resto del país”, explicó.
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Agregó que también se realizan acciones para fortalecer la vigilancia epidemiológica y explicó que mantuvieron conversaciones con el Banco Mundial, que ofreció su apoyo en este aspecto.
La autoridad resaltó que la vacunación masiva es una medida urgente para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el retiro de la certificación internacional, que influye en factores como el turismo y la confianza de visitantes extranjeros.
Asimismo, Flores consideró que la desatención del área de salud responde a la excesiva burocracia y al elevado número de funcionarios públicos dentro de la institución, lo que refleja indicios de que la cartera de Estado se convirtió en un “botín político” para los simpatizantes de la anterior administración nacional.