A través de dos notas enviadas al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y al canciller Fernando Aramayo, el diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, solicitó ejecutar acciones para que el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, retorne al país y responda por los presuntos hechos de corrupción actualmente investigados en la estatal petrolera.
La anterior jornada, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que el exgerente de la petrolera fugó del país. Desde tempranas horas del jueves, circularon imágenes de Dorgathen en un hotel, pero se desconoce exactitud la ubicación real del mismo. Las autoridades presumen que se encuentra en Brasil.
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En conferencia de prensa, Alarcón explicó que, a través de documentos oficiales, solicitó a Mariaca gestione la activación del sello rojo de la de Interpol para la captura de Dorgathen a nivel internacional y al canciller Aramayo, coordinar con su homólogo en Brasil su inmediata expulsión y posterior entrega a las autoridades bolivianas en la frontera.
“Como Dorgathen es prófugo de la justicia con dos casos penales, además ha violado la ley de arraigo (…), son antecedentes suficientes para que gestione nuestro canciller, ante su homólogo del Brasil, la expulsión inmediata (…) y que lo entreguen a la Policía boliviana en un puesto fronterizo antes de que se salga del Brasil”, aseveró el parlamentario.
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Alarcón cuestionó que si la Fiscalía hubiera dispuesto su aprehensión el pasado 23 de septiembre, cuando Dorgathen se presentó a declarar en La Paz por el caso Botrading, ahora estaría en el penal de San Pedro y no “de vacaciones en Brasil”.
Criticó que los fiscales asignados al caso promovieran la reclusión del exgerente de YPFB Logística, Félix Cruz, pero no así del extitular de la firma estatal, pese al riesgo de obstaculización del proceso o contaminación de pruebas. “Esas solas razones eran por demás suficientes para haber dispuesto la detención preventiva y no lo hicieron”, dijo.
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Sobre Dorgathen pesaba una orden de aprehensión por presunto contrabando agravado en la exportación de gas, sin embargo, la Fiscalía dejó sin efecto el 19 de octubre el mandato judicial luego de una audiencia de acción de libertad interpuesta en un juzgado de Santa Cruz.
Asimismo, el exejecutivo de YPFB enfrenta un segundo proceso por la firma de contratos para adquirir combustible con sobreprecio mediante esa empresa intermediaria, denominado caso “Botrading”, que generó un daño económico al Estado superior a $us 355 millones de dólares, de acuerdo a un informe de una comisión conformada en la anterior legislatura.
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Por otra parte, el diputado de Unidad exigió a Mariaca desarrollar medidas “disciplinarias y/o penales” contra los fiscales de La Paz encargados del caso y asumir acciones para “corregir el curso” de las investigaciones contra Dorgathen.