En audiencia de medidas cautelares, el Juzgado 13º de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz dictaminó detención domiciliaria para Gabriela P.T., exgerente de Comercialización de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), vinculada a la investigación por presunto desvío y comercialización irregular de harina subvencionada.
La exejecutiva de la estatal de alimentos enfrenta cargos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito, informó el fiscal anticorrupción Omar Quisbert.
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“El Ministerio Público, conforme a los elementos que ha acumulado durante la investigación y elementos que fueron puesto en conocimiento del juzgado, ha solicitado la detención preventiva por un plazo de seis meses, sin embargo, la autoridad jurisdiccional de turno ha dispuesto la detención domiciliaria de la ciudadana entre otras medidas restrictivas”, declaró en contacto con los medios de comunicación.
Según el abogado Eduardo León, parte denunciante en el caso, la acusada era la encargada de firmar los formularios de entrega para el máximo dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos.
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“Ella habría realizado la autorización de todos los insumos, particularmente de harina, al señor Rubén Ríos. Es decir, que ella habría firmado la entrega, habría firmado los formularios y la autorización de entrega”, indicó.
La Fiscalía apeló la determinación judicial y ratificará su solicitud de detención preventiva en la próxima audiencia. Quisbert precisó que existen indicios que vinculan a la exejecutiva de Emapa con presuntos actos de corrupción y malos manejos administrativos.
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Además de Gabriela P.T., el Ministerio Público investiga a otras cuatro exfuncionarios de la estatal de alimentos, entre ellos el exgerente Franklin Flores, actualmente prófugo.
Una semana después de intervenir Emapa, el Gobierno reveló un conjunto de irregularidades que, según las primeras auditorías, conforman una red de corrupción interna operada durante los últimos años de la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS).
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Este esquema de corrupción habría generado un daño económico de Bs 95,5 millones al Estado. De acuerdo al informe, un grupo de personas vendía harina a la estatal de alimentos a un precio aproximado de Bs 400 el quintal, pero recibía el mismo insumo a precios reducidos.
En ese sentido, el fiscal confirmó la aprehensión de una segunda implicada. Se trata de la exjefe de Gestión de Emapa, identificada como Elizabeth, acusada de elaborar informes y autorizar la firma de un convenio entre la estatal de alimentos y la empresa del dirigente Ríos.
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La tarde del pasado lunes, la Policía aprehendió al máximo dirigente de los panificadores, quien pasó la noche en celdas policiales y espera la instalación de su audiencia cautelar en la que un juez definirá su situación jurídica. Según la Fiscalía, Ríos transportaba y vendía la harina a Emapa de forma directa y luego él mismo recibía el insumo a precio reducido.
El dirigente alquilaba su vivienda para almacenar los quintales y, además, proporcionaba transporte para su distribución a los afiliados al sector. Se presume que un daño económico de Bs 6 millones al Estado.