A través de cartas formales, el diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, demandó a la Contraloría General del Estado (CGE) y a la Dirección General de Migración (Digemin) aplicar ley 1352, que instruye garantizar la permanencia obligatoria de todas las autoridades que cesaron funciones, incluidos presidente, vicepresidente, ministros, asambleístas y ejecutivos de empresas estatales, en territorio nacional por el lapso de tres meses.
“Informen al país si han cumplido su obligación. Según la Ley 1352, la Contralora debió enviar el sábado la lista completa del presidente, vicepresidente, ministros salientes, asambleístas y ejecutivos de empresas públicas, y Migración debió activar la alerta preventiva o arraigo”, declaró el parlamentario.
Alarcón señaló que la Contraloría debía remitir la lista detallada de las autoridades del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al director de Migración hasta el 8 de noviembre, fecha del cambio de mando, sin embargo, aún no cumplió con dicha obligación.
Por ello, envió una nota dirigida a la contralora general, Nora Herminia Mamani, y otra al director general de Migración, Luis Fernando Torres, para que brinden información sobre la demora del trámite.
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“No es una nota genérica. La Contralora tenía que mandar un detalle empezando por el presidente saliente, Luis Arce Catacora, y lo propio debía hacer el director de Migración”, afirmó.
Recordó que la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria, aprobada y promulgada en octubre de 2020 por la entonces presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa plurinacional (ALP), Eva Copa, se encuentra vigente y fue aplicada a la administración de Jeanine Áñez, por lo que, según dijo, debe también aplicarse al Gobierno de Arce.
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Alarcón advirtió que, si la Contraloría y Migración no cumplieron con sus obligaciones hasta el anterior sábado, ambas autoridades serían los responsables si exfuncionarios del MAS abandonan el país sin autorización.
“La ley es clara: quien se ausente incurre en sanción penal. Irse del país durante este periodo es un delito”, sostuvo.