El diputado electo por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, anunció su intención de anular la ley de diferimiento de créditos, sancionada recientemente por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), porque considera que desestabilizará el sistema financiero y podría “incendiar la economía nacional”.
En medio de gritos y actos bochornosos, el órgano Legislativo sancionó el 31 de octubre la norma que establece tres medidas centrales para prestatarios de vivienda social y micro y pequeñas empresas. La suspensión temporal de embargos y ejecuciones judiciales; diferimiento de pagos de capital e intereses por el lapso de seis meses; y el mantenimiento de las condiciones originales de los créditos, sin cobros ni intereses adicionales.
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Sin embargo, el parlamentario consideró como “absurda” un nuevo diferimiento de créditos. “Los bolivianos tenemos la mala costumbre de creer que una prórroga es un perdón, pero al final, el prestatario termina pagando más intereses y los bancos enfrentan pérdidas que afectan a todos”, afirmó.
Rojas señaló que el proyecto fue impulsado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para generar “un caos económico deliberado y dejar un país en llamas”.
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Afirmó, en sentido irónico, que aprovechará el largo feriado por Todos Santos para trabajar en “una ley contra el diferimiento, porque es una afrenta a la economía.
Asimismo, el diputado electo manifestó que ya inició reuniones con su bancada para abrogar la norma y prevé que será la “normativa más corta que ha estado vigente en nuestro país”.
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Para favorecer a aquellos que respaldaron la normativa, Rojas dijo que el nuevo proyecto considerará el criterio del sistema financiero para que los prestatarios no sean afectados y se garantice la gobernabilidad de las nuevas autoridades.
Tras su sanción en el Legislativo, sectores empresariales y financieros como la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural) rechazaron la norma y advirtieron que su aplicación podría afectar gravemente la liquidez del sistema financiero.