Los mineros cooperativistas de Potosí protagonizaron el lunes una masiva movilización en el centro de la capital departamental de La Paz y condicionaron su retirada de la parte alta del Cerro Rico a la entrega de concesiones mineras “sin condiciones ni leyes” por parte del Gobierno.
El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí, Oscar Chavarría, declaró que el sector está dispuesto a abandonar trabajos en la cúspide del Cerro Rico para garantizar su preservación; sin embargo, exige que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) le otorgue nuevas áreas de trabajo con potencial explotable.
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“La solución es que se nos entregue a las cooperativas mineras de Potosí áreas de trabajo sin condiciones, sin leyes. Las leyes han hecho que no podamos acceder, sobre todo en el área rural, a áreas de trabajo”, aseveró el dirigente minero.
Remarcó que el número de trabajadores cooperativistas en la región asciende a más de 30.000, por lo que para salir del histórico yacimiento minero se debe garantizar nuevas concesiones de trabajo “libre de leyes” porque –a su criterio– la actual normativa nacional impide que el sector obtenga espacios de trabajo.
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“La Comibol (Corporación Minera de Bolivia) ha hecho una burla el sistema minero cooperativista, a empresas privadas les entregan betas anchas y a nosotros solo nos dan basura. En ese sentido, necesitamos áreas verdaderas para el sector cooperativo”, expresó Echevarría.
El dirigente reiteró que las cooperativas instaladas en el Cerro Rico de Potosí saldrán del yacimiento; no obstante, otorgó 30 días a la AJAM para dotarles nuevas concesiones mineras, caso contrario, radicalizarán sus medidas de protesta. “Somos una fuerza inmensa (…) duela a quien le duela, somos el generador de economía de Potosí”, afirmó.
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El Cerro Rico de Potosí fue declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, sin embargo, está en grave riesgo de perder su título por el deterioro, debido a la intensa explotación minera.
A pesar de que existen dos sentencias constitucionales (005/2022 y 1062/2022) y una resolución ministerial (N°105/2022) que prohíben la explotación minera por encima de la cota 4.400 (metros sobre el nivel del mar), en el yacimiento, la extracción de minerales no cesó en los últimos años.
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Recientemente, la justicia dio luz verde a un recurso de preservación de la cúspide de la montaña y ordenó congelar las cuentas bancarias de instituciones mineras nacionales hasta completar la migración de trabajadores que operan por encima de la cota 4.400.
Desde el Gobierno, el ministro de Minería, Alejandro Santos, aseguró que se cerraron más de 20 bocaminas en la cúspide de la montaña y anunció que presentará un informe sobre el trabajo realizado para dar cumplimiento a la sentencia constitucional que instruye la protección del Cerro Rico. En tanto, la AJAM afirmó no estar en la obligación de asignar áreas mineras de manera directa y ratificó los procedimientos para autorizar nuevas actividades de explotación.