El tribunal encargado del proceso conocido como el “caso Joker” determinó conceder la cesación a la detención preventiva de Alejandro Z., decisión que ha sido cuestionada por la familia de la víctima, quienes presentaron un recurso de apelación. Este caso se registró en fecha 13 de abril de este año en el que el mencionado fue acusado de asesinar a un joven y herir a otras dos personas, tras enfrentamientos en afueras de una discoteca de la zona Sopocachi de la ciudad de La Paz.
José Uriarte, abogado de la familia del ahora fallecido, informó que se interpuso un incidente de cesación a la detención preventiva, argumentado por la defensa de los acusados. “Plantearon que ya no se justificaba la detención porque el artículo 235, numeral segundo, ya no se mantenía vigente, señalando que el riesgo procesal de obstaculización ya se habría cumplido”, explicó.
LEE TAMBIÉN: Añez denuncia detención arbitraria y critica a la comunidad internacional por omitir su caso
Sin embargo, tanto el Ministerio Público como la parte acusadora se opusieron a esa interpretación. “Nosotros hemos señalado que no se cumple el tema de enervar el 235, numeral segundo, toda vez que se tiene que desarrollar todavía en juicio oral la declaración de las personas que se han identificado conforme al artículo 335 del adjetivo penal”, indicó Uriarte.
Pese a esos argumentos, el tribunal resolvió modificar la medida cautelar y conceder la detención domiciliaria, “Aquí viene lo incorrecto a nuestro pensamiento”, sostuvo el abogado.
LEE TAMBÍEN: Sismo en Cochabamba: Reportan temblor de 4.6 en varias regiones del departamento
Asimismo aseguró que, el propio tribunal reconoció que no se podía aplicar la cesación conforme al artículo 239 ya que el juicio ya se encontraba en curso. Sin embargo utilizó el mismo artículo, que permite aplicar una medida menos gravosa si se considera conveniente.
“El tribunal señala que, en aplicación del 239, numeral primero, en su segunda parte, se torna conveniente modificar la medida por otra menos gravosa, considerando el tiempo de la detención preventiva”, explicó Uriarte. Añadió además que los jueces fundamentaron su decisión en el instructivo 19-2025, que orienta a las autoridades a controlar la duración de la detención preventiva.
LEE TAMBIÉN: Rodrigo Paz afirma que la legalización de autos indocumentados es en “beneficio del pueblo”
Frente a esta decisión, la parte acusadora interpuso un recurso de apelación. “Hemos interpuesto un recurso que, conforme al procedimiento penal, en 24 horas debió ya haberse remitido a la sala penal. Esperamos que hasta el día lunes tengamos señalamiento”, afirmó.
El abogado también confirmó que la coacusada fue beneficiada previamente con detención domiciliaria en una audiencia distinta, y que también se apeló dicha resolución. “Entendemos que todavía no se ha remitido, pero por la sobrecarga del tribunal estamos esperando que dicha apelación sea enviada al menos hasta el lunes”, acotó.
LEE TAMBIÉN: “Todo lo avanzado puede estar en riesgo”: Arce reconoce que las políticas del MAS están en peligro
En cuanto al estado de ánimo de la familia, Uriarte manifestó que se encuentran profundamente afectados. “Evidentemente el padre se encuentra muy afectado, toda la familia en general, y esto está causando un cierto tipo de ansiedad y dolor”, comentó.
Según el abogado, el padre de la víctima podría convocar una conferencia de prensa para manifestar su posición frente a la decisión judicial.