La audiencia cautelar del exministro de Gobierno Arturo Murillo está prevista para las 13:45 de este viernes en La Paz, por el caso gases. La exautoridad pasó la noche en celdas policiales y fue visitado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que constató su estado: “refirió estar bien física y anímicamente”, informó la Defensoría del Pueblo.
El exministro fue ya condenado a ocho años de cárcel, “Es en el cual se ha inmiscuido el ciudadano Murillo y se está pidiendo la detención preventiva por el plazo de seis meses”, señaló el fiscal Omar Yujra.
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Asimismo, explicó que la solicitud de detención preventiva por seis meses se sustenta en el caso de la compra irregular de gases lacrimógenos desde Brasil. A esto, según el fiscal Yujra, se sumaría otra condena por el caso “gases Ecuador”, con cinco años y cuatro meses de prisión, y al menos 13 procesos penales más en curso.
El abogado del exministro de Gobierno, Jaime Tapia denunció irregularidades en el proceso y calificó la situación como un acto político: “Hay un anuncio mediático ya de autoridades del Gobierno que han señalado que correspondería que él esté en Chonchocoro (…). Eso ya es un mal olor para un proceso que se espera que sea razonable, que sea debido”, aseveró.
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También alegó que Murillo nunca fue notificado debidamente con las sentencias dictadas y no pudo ejercer su derecho a la defensa.
Recordando lo ocurrido, Murillo fue deportado desde Estados Unidos tras cumplir una condena por lavado de dinero y sobornos, en un caso directamente vinculado al proceso judicial boliviano. Sin embargo, su abogado aclara que el fallo en Bolivia aún está en trámite de apelación.
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“Hay que ver la validez de estos juzgamientos en rebeldía y la constitucionalidad de esos actos a partir de las leyes en las que se han basado”, sostuvo el abogado Tapia, quien además manifestó la intención de acogerse al instructivo del TSJ para revisar posibles vulneraciones de derechos.
Si se da curso al pedido de la Fiscalía, Murillo volverá a una cárcel boliviana, ahora bajo el control de la justicia nacional. Caso contrario, enfrentaría el proceso en libertad, como exige su defensa.