La Federación Andina del Transporte Público en El Alto exigió al Gobierno resolver en 48 horas el problema del abastecimiento de combustibles, advirtiendo con medidas de presión si no se cumple el plazo.
El dirigente del transporte sindicalizado de El Alto, Reynaldo Luna, lanzó este lunes un ultimátum al Gobierno nacional debido a la escasez de diésel y gasolina que, según denunció, afecta gravemente al sector del transporte y encarece el costo de vida en el país.
LEE TAMBIÉN: Sarampión en Bolivia: Las cárceles de Cochabamba se beneficiarán de vacunación contra el virus
“Estamos dando 48 horas al Gobierno. Pedimos a los diferentes departamentos unidad, que se sumen a esta causa. Si hasta el miércoles no hay una convocatoria, vamos a tomar medidas de presión contra el ministro de Hidrocarburos y contra el presidente de YPFB”, declaró Luna en conferencia de prensa.
El representante de la Federación Andina señaló que el Ejecutivo no ha cumplido los compromisos asumidos con los transportistas y alertó sobre el impacto del desabastecimiento en otros sectores económicos. “Una bolsa de cemento que costaba 45 bolivianos ahora está entre 75 y 85. ¿Por qué? Por la falta de combustible”, afirmó.
LEE TAMBIÉN: Sarampión en Bolivia: Un bebé y una persona de 20 años son los primeros casos en Cochabamba
Luna también denunció presuntas irregularidades en la comercialización de carburantes. “Nos dicen que la gasolina y el diésel pueden costar hasta 12 bolivianos, pero hay empresas que venden el litro a Bs 6,80. ¿Cómo es posible eso si el precio oficial es de Bs 3,70?”, cuestionó.
Además, advirtió que la situación podría escalar a un problema energético mayor. “Nos han informado que, si no hay combustible, no va a haber electricidad. Muchas plantas funcionan con gasóleo”, alertó.
LEE TAMBIÉN: Reportan el incremento del precio de pollo en mercados de La Paz y Cochabamba
El dirigente lamentó el silencio de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia y aseguró que la Federación Andina hará conocer sus decisiones a nivel nacional. “No podemos permitir que se siga afectando a las familias. El transporte sindicalizado no se va a quedar de brazos cruzados”, concluyó.