La disposición séptima sobre el decomiso de productos, que está incluida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, está movilizando a diferentes sectores. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, pidió a los empresarios privados presentar argumentos sobre su pedido de anular esta norma.
“A los empresarios les decimos que vengan al diálogo, que traigan los argumentos técnicos y legales que tienen para sustentar su posición que han asumido para contrastar ideas y buscar soluciones. La disposición séptima nunca fue concebida para afectar al sector gremial o productivo”, dijo Silva a los medios de comunicación.
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Sin embargo, en pasados días, el viceministro dijo que desde el Ejecutivo no tienen competencia para anular la norma que es observada por gremiales y empresarios.
La autoridad reiteró que los sectores empresariales y gremiales que piden la anulación de la norma tienen dos aparentes objetivos.
“No entendemos si los empresario industriales o están defendiendo a los delincuentes o están haciendo política con este tema. Esta disposición no es para fiscalizar al sector industrial ya que hay normas para ello”, dijo.
Sin embargo, Silva dijo que en los próximos días van a convocar a los sectores empresariales y gremiales para sostener un encuentro y tratar el reglamento de la norma.
