Tras varias horas de reunión, el diálogo político para buscar salidas al proceso de las elecciones judiciales fracasó en medio de un intenso debate entre oficialistas y opositores.
El presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, se reunión este jueves a los jefes de bancada del MAS, de Creemos y de Comunidad Ciudadana (CC), y a los presidentes de Diputados y Senadores, y de las comisiones mixtas de Justicia Plural y de Constitución para analizar caminos hacia la retoma del proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales que fue anulado por una Sala Constitucional de Pando.
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Los legisladores evistas y de la oposición señalan que el vicepresidente “no quiere convocar” a sesión del pleno.
“Tenemos que poner a consideración del pleno de la Asamblea todo el conflicto o todo el problema que en este momento se ha generado al interior de la propia Asamblea”, declaró Andrónico Rodríguez, presidente del Senado.
Ante esa situación, la Presidencia de la Asamblea exhortó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), resolver la resolución No 004/2024 de 30 de abril de 2024, pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro de la Acción Popular, que determinó la inaplicabilidad de la Ley 1549 y dejó sin efecto la convocatoria de preselección.Según la normativa, el TCP puede ratificar o modificar la sentencia en primera instancia.
El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, informó que el TCP realizó el sorteo de la sala que revisará el fallo de la Sala Constitucional Primera de Pando que anuló la preselección de los candidatos y ordenó un nuevo proceso.
Los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán alegaron en su fallo que se vulneró “el derecho a la igualdad tanto de mujeres como de los pueblos indígenas originarios del departamento de Pando” en el proceso de las judiciales.
El proceso de preselección de los candidatos judiciales estaba en su última fase de exámenes orales. Fue paralizado el 16 de abril, como efecto de una medida cautelar que dispuso la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz al admitir un amparo presentado por la inhabilitada aspirante al Consejo de la Magistratura Margarita Medrano.