En medio de los anuncios de protestas y pedidos de abrogación del Decreto Supremo 5143 con la cual el Gobierno pretende la digitalización de los registros de Derechos Reales, el presidente Luis Arce dejó su aplicación en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Hemos visto en los medios de comunicación, se han presentado algunos recursos para que sea el Tribunal Constitucional el que pueda manifestarse al respecto”, indicó Arce.
Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) del arcismo interpusieron un recurso ante ese tribunal con el objetivo de que se pronuncie sobre su legalidad. Opositores y evistas advirtieron que la norma afecta a la propiedad privada, a tiempo de exigir su abrogación.
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Arce descartó una posible afectación a la propiedad privada. “Bueno, pues, esperaremos qué dice el Tribunal Constitucional, pero nosotros de ninguna manera hemos querido afectar la propiedad de la gente, es lo que menos ha pasado por nuestra mente”, añadió este jueves en un diálogo con los periodistas de La Paz.
La norma fue aprobada por el gabinete de ministros el 10 de abril. Arce sospecha que las movilizaciones tienen un trasfondo político puesto que se registran un mes después de su vigencia.
Arce comparó las protestas sobre la norma con lo sucedido en 2009 con la “nueva” Constitución Política del Estado. En ese entonces, políticos opositores también alertaron, aunque sin pruebas, que el Gobierno buscaba afectar la propiedad privada.
Arce explicó que objetivo de la norma es “ordenar” el registro de Derechos Reales y contar con sistema informático único, y no “34 sistemas que están actuando ahí independientemente”, todo para evitar dobles registros y ventas de casas y terrenos sin que los dueños se enteren.
