La polémica por el crucero varado en las costas de Barcelona por pasajeros que presentaban irregularidades en los documentos de ingreso escaló a un nuevo nivel cuando las familias de los 69 ciudadanos bolivianos llegaron a las inmediaciones de donde se encuentra parada la embarcación para pedir por la liberación de los retenidos. “Estamos cansados del abuso”, protestan.
“Queremos ver a nuestros hijos, tengan piedad. Pedimos a las autoridades bolivianas, al consulado en Barcelona, que nos ayuden. Hay niños ahí dentro que están sin comer. Ellos fueron víctimas de una estafa, estamos cansados del abuso”, afirman en los videos que comenzaron a circular por las redes sociales.
El grupo de personas reclama que sus familiares puedan descender del crucero MSC Armonía que está varado en el Mediterráneo desde el pasado martes, luego que hayan descubierto que los pasajeros bolivianos no contaban con documentos validos, por lo que no contaban con autorización para circular de terminales portuarias de varios países de Europa.
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Además, los familiares reclamaron a las autoridades españolas y a la Cancillería boliviana, que -a su vez- instó a que el gobierno de España “otorgue una inmediata solución” a estos pasajeros, ya que “su obligación era corroborar los documentos de ingreso o salida a cualquier destino” para “evitar este tipo de imprevistos”.
Junto a los pasajeros irregulares permanecen sin poder salir más de 1400 pasajeros que esperan que la embarcación proveniente de Brasil continúe con su itinerario, que tenía como destino final Croacia. El barco había tenido una parada previa en la isla de Tenerife, en donde todo el contingente de pasajeros bajó a pasear y no detectaron la falta de documentación.
Más tarde, el Cuerpo Nacional de Policía informó que los bolivianos -entre las que se encuentran 14 menores de edad– fueron descubiertos antes de llegar al puerto catalán. Al arribar se solicitó que la compañía del crucero se haga cargo del regreso de los ciudadanos a su país de origen, quienes pueden enfrentarse a multas que van desde los 500 hasta 10.000 euros.
Por su parte, MSC emitió un comunicado asegurando que están “trabajando con las autoridades españolas para gestionar una situación con un número de pasajeros de Bolivia, que incluye familias y niños, que están viajando con documentación no válida”. Como defensa, alegaron que cuando embarcaron en Brasil “parecían tener la documentación apropiada”. Sin embargo, el proceso de denegación de entrada para los ciudadanos ilegales continua demorado porque, al tratarse de un terminal marítima y no aeroportuaria, no existe el área a la que se suele trasladar a los pasajeros con documentación irregular y en donde se los devuelve a su país de origen.