La Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) suspendió la aplicación de la resolución que incrementaba temporalmente el costo del servicio de agua potable para los “derrochadores” e inició una fase de socialización para bajar el consumo elevado y regular a los grandes consumidores del recurso hídrico.
Mediante Resolución Administrativa Regulatoria 373/2023, la AAPS suspendió la aplicación de la resolución 353, porque la norma regulatoria debe ser primeramente socializada y aprobada por usuarios, gobiernos municipales y entidades involucradas con la prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico.
Esta fue una de las primeras decisiones tomadas por el nuevo director de la AAPS, Alejandro Araujo, quien fue posesionado este martes en reemplazo de Karina Ordoñez, tras una serie de cuestionamientos que desató la resolución que buscaba elevar el costo de servicio de agua para los considerados “derrochadores” o usuarios que tienen un alto consumo de agua.
“Mi autoridad ha instruido a las áreas respectiva realizar una socialización y un trabajo coordinado con los gobiernos municipales, usuarios y las Epsas con la finalidad de darle continuidad a la norma, pero reglamentado su uso. Eso quiere decir que vamos a ingresar a un momento de socialización”, explicó Araujo.
La socialización empezará la próxima gestión con la participación activa de los gobiernos municipales, usuarios y las Epsas, según cronograma.
“La aplicación (de la norma contra los “derrochadores”) todavía es incierta, se verá su aplicabilidad en base a un estudio. La medida busca bajar el consumo elevado de agua y regular a los grandes consumidores”, reiteró.
En al menos 150 municipios se declaró desastre por la falta de agua y el municipio de Potosí fue uno de los más golpeados, donde se racionó la provisión del recurso hídrico.
A través de la Resolución Administrativa Reguladora 353/2023, del 7 de noviembre de 2023, la AAPS aprobó la “aplicación de tarifas incrementales temporales por factores de escasez hídrica y sobreconsumos estacionales, como mecanismo que desincentive consumos elevados, irracionales e injustificados, que permita a los operadores de servicio o Epsas contar con volúmenes de almacenamiento para una distribución efectiva y equitativa a la población”.
De acuerdo con Araujo, la norma, que tiene un ámbito preventivo para evitar los efectos de una escasez, fue mal interpretada y generó conflictos entre la población.
“La norma está suspendida, una vez que esté consensuada se va a notificar a todos los actores las determinaciones asumidas”, anunció.