El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en consenso un proyecto de ley para viabilizar la preselección y elección de magistrados para los altos cargos judiciales. En este se establece un periodo de 45 días para el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y 90 días para la tarea del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y se prevé la elección judicial de Bolivia para enero de 2024 y para febrero la posesión de los nuevos magistrados. El mismo fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión.
La propuesta de ley de 37 artículos, siete disposiciones adicionales y una disposición final fue respaldada por más de dos tercios de los legisladores de las bancadas del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, como resultado de un acuerdo alcanzado en la “mesa de consenso” que trabajó un solo proyecto de ley entre el miércoles y la mañana de este jueves.
La misma establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tendrá 45 días para realizar el proceso de preselección de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM). Mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contará con los 90 día para organizar y convocar a las elecciones judiciales.
Al respecto el diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón, informó que la elección judicial se realizará en la primera quincena de enero y la posesión de las nuevas autoridades del Órgano Judicial y del TCP, en febrero.
“Las elecciones judiciales se las pueden hacer en las primeras semanas de enero, nosotros estimamos entre el domingo 14 de enero o el siguiente domingo, y la posesión de las nuevas autoridades judiciales, elegidas por el voto, a partir del lunes 12 de febrero”, detalló en radio Panamericana.
El mandato de los actuales magistrados concluye el 31 de diciembre de 2023, por lo que, a partir del 2 de enero, personal subalterno se hará cargo de las tareas pendientes de las cuatro instancias e implementará una transición ordenada hasta que asuman los nuevos consejeros y magistrados electos.
Para ello, el proyecto de ley establece que “de manera excepcional, a partir del 2 de enero de 2024, quedan suspendidos todos los plazos procesales para todas las causas que se encuentren en trámite en los despachos de las magistradas hasta la posesión de las nuevas autoridades electas. El personal subalterno tendrá, además, que preparar los expedientes, información sobre el personal y los temas presupuestarios.
La iniciativa legal aprobada por el Senado fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión. Una vez cumplido ese trámite, debe pasar a su promulgación por el Ejecutivo.