El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó sobre la ampliación del alcance del Proyecto AIRCOP al Aeropuerto Internacional de El Alto, con el objetivo de fortalecer el control, detectar e interceptar drogas, la trata y tráfico de personas y otros ilícitos.
“Queremos comunicar al pueblo boliviano de la firma de un memorándum de entendimiento que tiene por objeto (…) ampliar el alcance del Proyecto AIRCOP e implementarlo en el Aeropuerto Internacional de El Alto, y de esta manera optimizar acciones operativas llevadas a cabo en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru y replicarlas en el Aeropuerto Internacional de El Alto, referentes al tránsito, llegada y/o salida legal de personas, con el fin de reducir su posible uso para actividades ilícitas”, aseveró el ministro.
Es por ellos que el Ministerio de Gobierno firmó una adenda con la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), que tiene el objetivo de establecer un Grupo de Tareas Conjunto de Interdicción Aeroportuaria (GTCIA) en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru y el Aeropuerto Internacional de El Alto, con el fin de establecer un grupo interagencial operativo para fortalecer el control de los pasajeros, mejorar la coordinación, análisis e intercambio de información, compartir recursos humanos y técnicos para evitar la duplicidad de actividades y facilitar el comercio exterior seguro.
“Como Gobierno nacional estamos siempre abiertos a la coordinación con instituciones extranjeras y multilaterales, porque sabemos que luchar contra los delitos de naturaleza transnacional, no puede ser únicamente obra de un país aislado, sino que debe existir una constante comunicación y coordinación con nuestros pares en todo el mundo”, señaló Del Castillo.
En la ocasión, también se firmó un proyecto de apoyo a la lucha contra la corrupción en la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (DG-FELCN) junto a la UNODC.
El acuerdo posibilitará la implementación de la Gestión de Riesgos de Corrupción con la finalidad de identificar y clasificar las posibles áreas, procesos y procedimientos vulnerables a la corrupción; promover la integridad policial; desarrollar programas de capacitación para los actores clave de las reparticiones encargadas del control interno y régimen disciplinario.
Al igual que permitirá la investigación, juzgamiento y sanción de actos de corrupción, con la Policía, fiscales y jueces, además de promover la coordinación interinstitucional entre diversos actores involucrados, y el acceso a la información relacionada con la transparencia y la prevención de la corrupción. Para cumplir tales objetivos, se dispondrá de la suma de 1 millón de euros por parte de la UNODC.
