La Paz, 14 de junio (Radio Splendid).- El diputado Héctor Arce (MAS-IPSP) recogió 84 denuncias con pruebas de presuntos hechos irregulares en al menos siete universidades públicas del país, mismas que tienen que ver con la designación de docentes que no cumplen con requisitos para dictar clases, asignación de notas y clanes familiares.
“Hemos recibido denuncias escritas, también de las universidades, con pruebas que las estamos revisando y procesando. Tenemos aquí un cuadro (…), un total de 84 denuncias por hechos irregulares, designación de docentes, de clanes familiares, situaciones irregulares en la asignación de notas, nos preocupa profundamente y nos llama la atención”, expresó el legislador en conferencia de prensa.
Los reclamos por escrito provendrían de las universidades Mayor de San Andrés de La Paz (2), la Técnica de Oruro (4), la San Simón de Cochabamba (8), la Autónoma “José Ballivián” del Beni (1), la Amazónica de Pando (10), la Juan Misael Saracho de Tarija (6), y la Pública de El Alto (3), haciendo un total de 34. Las restantes 50 denuncias son acusaciones verbales que recepcionó Arce.
Luego de la tragedia en la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, el legislador cochabambino inició un arduo trabajo de fiscalización para transparentar la administración de las 11 casas superiores de estudios existentes en Bolivia.
El 18 de mayo anunció que envió un Petición de Informe Escrito (PIE) al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), para esclarecer el manejo de los recursos, la contratación de docentes, los salarios que perciben, viajes, becas, estudiantes que ingresan y egresan, entre otros datos.
“Hemos realizado los PIE´s a las 11 universidades públicas y a la CEUB (…). Pero la CEUB ha enviado notas, pidiendo una ampliación de plazo, vamos a darles 10 días más de plazo de acuerdo a lo que establece nuestro reglamento, con el objetivo de que nos remitan una información fiable, completa, para procesar precisamente toda esta información”, agregó.
Por otro lado, adelantó que prepara una denuncia penal contra docentes y estudiantes de la Universidad Pública de El Alto, quienes supuestamente en 2020 y 2021, habrían firmado una resolución para que el plantel estudiantil apruebe sin necesidad de pasar clases.
