Este martes 7 de diciembre, el Congreso peruano decide si abre un proceso de destitución contra el presidente Pedro Castillo, el quinto en cinco años. La moción fue impulsada por Patricia Chirinos, diputada derechista del partido Avanza País. La incapacidad de Castillo para dar explicaciones sobre sus reuniones irregulares en una vivienda en el distrito de Breña, junto a otros políticos y empresarios, puse en jaque su permanencia en el Palacio de Gobierno.
El Congreso peruano evalúa si abre un proceso de destitución contra el actual presidente, Pedro Castillo. La moción ganó fuerza hace unos días, luego de que Castillo no pudiera argumentar sus reuniones fuera de la sede de Gobierno.
Si 52 de los 130 legisladores votan a favor de la vacancia se iniciará el quinto proceso de este tipo en un plazo de cinco años en el país andino. En ese caso, el mandatario y su abogado tendrían entre tres y diez días para defender su caso en una sesión especial del Congreso. Si se obtienen 87 votos en esa ocasión, Castillo será destituido.
La moción fue impulsada por Patricia Chirinos, diputada derechista del partido político Avanza País. La tercera vicepresidenta del Congreso basó su pedido en la «incapacidad moral permanente» del presidente.
Chirinos también se aferró a una supuesta financiación irregular de Perú Libre, partido de izquierda con el que el profesor llegó al poder, y en supuestos tráficos de influencias cometidos por su entorno. También consideró que Castillo ha generado «inestabilidad económica» en la nación. Finalmente, rechazó el hecho de que el mandatario haya retomado las relaciones diplomáticas con Venezuela y Cuba.
Chirinos cuenta con el apoyo de tres partidos de derecha y extrema derecha, que se han unido para hacer frente al pedido de destitución: Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular.
¿Cuál fue el detonante de la moción de vacancia?
La publicación de una serie de videos difundidas por el programa Cuarto Poder puso en jaque la permanencia de Castillo en la sede presidencial. En las grabaciones se ve al mandatario ingresar a una vivienda en el distrito de Breña en Lima, junto a políticos de distinta índole y empresarios que poco tiempo después han surgido. En Perú, la ley indica que el mandatario debe dejar registro de todos sus encuentros presidenciales, algo que Castillo ha ignorado.
Al ser preguntado por estas reuniones, el mandatario dijo en un mensaje televisado que las visitas a la casa de Breña, la misma que frecuentó durante la campaña electoral, «eran de índole personal».
En consecuencia, varios diputados de partidos de centro derecha (Acción Popular, Alianza Para el Progreso), que preferían evitar la moción de vacancia, cambiaron de opinión y se sumaron a la causa.
Tras la solicitud, Castillo convocó reuniones en el Palacio de Gobierno con los líderes de todas las fuerzas políticas parlamentarias, que han dejado claro que debe dar explicaciones de lo sucedido si quiere seguir gobernando el país. Sin embargo, aún no hay evidencia concreta de que Castillo esté involucrado en actos de corrupción.
Con EFE