La Paz, 19 sep (Radio Splendid).- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) mediante un comunicado aclaró que el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, no afecta la libertad de expresión, la labor periodística ni incurre en censura.
“La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) manifiesta enfáticamente que el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, no vulnera la Constitución Política del Estado, ni contiene disposiciones que afecten la libertad de expresión, la labor periodística, ni incurre en censura previa”, indica un comunicado.
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La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANP) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) emitieron el sábado un pronunciamiento en el que aseguran que el Artículo 11 del mencionado proyecto vulneraría sus derechos de reserva de información.
El Artículo 333 de la Constitución Política del Estado (CPE) dispone que las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en los procesos judiciales, en los casos en que se presuma comisión de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas y los demás definidos por la ley.
“Debe aclararse que el Artículo 11 del Proyecto de Ley, antes citado, es aplicable solo y exclusivamente a los denominados SUJETOS OBLIGADOS y aquellos que tienen el deber de informar en virtud a las actividades que desarrollan; entre los cuales no se encuentran periodistas ni medios de comunicación”, menciona.
Agrega que el proyecto de ley no contempla en ninguno de sus artículos que la UIF pueda solicitar que se levante la confidencialidad de reserva de fuentes a periodistas, quienes no tienen el deber de informar, ni mucho menos son sujetos obligados ante la UIF, ya que sus actividades no están vinculadas a la intermediación financiera, mercado de valores, seguros, compra y venta de divisas y otros previstos en la propuesta, ni leyes en actual vigencia.