El Tribunal Constitucional de Chile rechazó este martes el requerimiento presentado por el Gobierno de Sebastián Piñera para tratar de frenar el proyecto -aprobado por amplía mayoría en el Parlamento- que permite un tercer retiro del 10% de los fondos privados de pensiones y mitigar el impacto económico de la pandemia.
Por 7 votos a favor y 3 en contra, la Corte rechazó aceptar a trámite el recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo introdujo bajo el argumento de que la medida hipotecaría las pensiones futuras y dejaría sin fondos a cerca de 5 millones de personas.
El Tribunal no entregó las razones del fallo, pero antes del inicio de la sesión de este mares uno de sus jueces, Iván Aróstica, comentó algunas de las argumentaciones que serían consideradas. “Han ocurrido situaciones bien importantes entre el 30 de diciembre y el día de hoy. Hay cambios no solo en situaciones fácticas; se han agravado las medidas de salubridad, hay resoluciones, hay leyes y está la propia sentencia del Tribunal Constitucional”, afirmó el magistrado, que a diferencia del fallo anterior, este martes votó en contra de la solicitud de impugnación presentada por el gobierno de Piñera.
Tras el fallo del tribunal, el proyecto -el tercero de este tipo desde que comenzó la pandemia el año pasado- queda en el aire a la espera de ser promulgado o vetado por el presidente chileno, quien aboga por dar luz verde a un proyecto alternativo, que incluye algunas modificaciones.
Para el diputado Raúl Soto, del socialdemócrata Partido por la Democracia (PPD), el gobernante “se ha disparado en los pies y ha cometido un error histórico por tozudez y capricho”.
“Llamamos al presidente a promulgarlo sin más excusas y dilaciones. Las familias están esperando”, pidió en Twitter la diputada comunista Camila Rojas.
El diputado oficialista Eduardo Durán, de Renovación Nacional (RN, derecha), reconoció por su parte que el fallo del tribunal “deja en una situación muy compleja” al Gobierno.
La oposición de izquierda y parte del oficialismo alegan que los retiros de los fondos de pensiones son necesarios porque los 18.000 millones de dólares anunciados por el Gobierno para ayudas sociales son insuficientes y “no están llegando a la población”, que traviesa graves apuros económicos debido a los confinamientos.
Hasta la fecha, los 11 millones de afiliados al sistema privado de pensiones chileno han retirado más de 36.000 millones de dólares gracias a proyectos similares aprobados en julio y diciembre pasados, en pleno primer pico de la pandemia, que ya deja 1,17 millones de infectados y más de 26.000 muertes.
Pese a mostrarse contrario al tercer retiro y haberlo recurrido al Constitucional, Piñera anunció el domingo un proyecto alternativo que incluye el pago de impuestos para los cotizantes de más altos ingresos y un bono de 280 dólares para las 3 millones de personas que se quedaron sin pensiones con las anteriores retiradas.
El Ejecutivo planteó además un aumento de las cotizaciones de un 2%, a cargo del Estado (1%) y el empleador (1%), como un mecanismo de restitución de fondos para fortalecer las pensiones futuras, una propuesta ampliamente criticada por la oposición que denuncia una recapitalización encubierta de las empresas privadas que gestionan los fondos.
Piñera, cuya aprobación cayó esta semana hasta el 9% por su rechazo al tercer retiro, convocó de urgencia a su gabinete tras la decisión del Tribunal Constitucional, que sí bloqueó un segundo retiro y aceptó otro proyecto alternativo planteado entonces por el Ejecutivo, que usó una estrategia política similar a la de ahora.
“Llamo al Gobierno a promulgar y avanzar en aquellos aspectos positivos de su proyecto que no estaban contemplados en el proyecto que hoy día está más vigente que nunca y que aprobó el congreso la semana pasada”, añadió el ex ministro y candidato presidencial de RN, Mario Desbordes.
Cada vez son más voces las que abogan por cambiar el actual sistema de pensiones, implantado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pionero en la región en establecer la capitalización individual y criticado por las pírricas jubilaciones que ofrece.
En la previa del pronunciamiento de la Corte, trabajadores de varios puertos chilenos se declararon en paro y montaron barricadas este martes a la entrada de las terminales para protestar contra la decisión del Gobierno de bloquear el proyecto aprobado la semana pasada por el Congreso. Las protestas comenzaron la tarde del lunes en el puerto de Valparaíso (centro), pero este martes se extendieron a otras terminales como Iquique (norte), Antofagasta (centro) y San Antonio (centro).
Según la Unión Portuaria de Chile, el paro es secundado por sus más de 8.000 trabajadores afiliados en 25 terminales de todo el país y durará hasta el 30 de abril, para cuando asociaciones de otros sectores han convocado un paro nacional para presionar por el nuevo retiro, el tercero desde que inicio la pandemia.
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