La sigla CIC raramente figura en las noticias. Responde al nombre de Centro de Innovación en Ciberseguridad que fue presentado formalmente en los últimos días de diciembre de 2017. El encargado de hacer el anuncio de su breve y hasta ese momento desconocida existencia fue el Diario del Pueblo, periódico del Partido Comunista Chino (PCC) y fue construido por directiva de la Comisión Central para el Desarrollo Civil y Militar Integrado. Este organismo tecnológico del régimen tiene una única misión: establecer un sistema de defensa digital para los militares y ayudar a ganar futuras guerras cibernéticas. También para identificar “amenazas” internas y controlar a la población.
Beijing lo utiliza de forma implacable. El CIC fue uno de los encargados de lanzar las recientes campañas de desprestigio que el régimen impulsó contra las grandes marcas internacionales que denunciaron la violación de los derechos humanos en la región de Xinjiang. En pocas horas, esa oficina comenzó a viralizar antiguos comunicados de esas mismas firmas de indumentaria y moda para generar la ira nacionalista de las redes que pronto se trasladó a las calles. Para gran parte de la población china, el tema se convirtió en una causa patriótica. Compañías extranjeras habían herido el orgullo nacional y debían ser castigadas. El objetivo de la autocracia había sido cumplido.
Pero además de hacer explotar campañas online y movilizar sentimientos, el CIC tiene otras capacidades más técnicas. Entre ellas figura la de interferir IPs (una serie de números que identifica a un dispositivo en la red) o irrumpir en un teléfono móvil de cualquier ciudadano y activar sus herramientas -cámaras frontal y posterior, micrófono-, manipular otras aplicaciones que estuvieran instaladas y acceder al archivo de videos y fotos.
No es sólo el poder de ingresar al móvil seleccionado, sino que es la posibilidad de controlarlo. Por completo. Con este alcance, cualquier conversación -ya fuera telefónica o entre dos personas que se encuentren reunidas- podría ser interceptada de manera ambiental por las autoridades chinas. No sólo eso: también podrían obtener una grabación visual de un encuentro utilizando las lentes del celular.
El inicio del vínculo más estrecho entre CIC y el Palacio de Miraflores comenzó poco tiempo antes a que se conociera la existencia de esta oficina de Xi Jinping, el jefe de estado obsesionado por la información de terceros y la tecnología, de ahí su intención de quedarse con el tendido de 5G en gran parte del planeta con las compañías Huawei y ZTE. El acuerdo se realizó por gestión del propio PCC, uno de los más interesados en que Nicolás Maduro mantenga el poder intacto en Venezuela.
En aquel entonces, el CIC y el PCC le proporcionaron al régimen de Caracas las herramientas iniciales para comenzar su persecución opositora. Pronto pusieron manos a la obra. En mayo de 2019 Infobae explicó parte del funcionamiento de esta red operativa que intentaba golpear en opositores. En aquella oportunidad se detalló cómo líderes críticos de la dictadura eran engañados con mensajes de WhatsApp de supuestos aliados para reuniones que nunca se concretarían. Cuando llegaban a la “cita” eran secuestrados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y llevados a casas de seguridad donde eran detenidos por horas y en casos torturados. Eran tiempos de desesperación en Miraflores y todo valía para que Maduro permaneciera en la cumbre. Para eso fue fundamental el apoyo de China y de Rusia.
El acuerdo permaneció intocable. Hasta estos días. “En las últimas semanas, el órgano de ciberseguridad chino proporcionó un valiosísimo upgrade al equipo de cibercontrol y humor social de Maduro. Con este avance pueden monitorear a toda la población. Repito: a toda la población. Sobre todo, desde luego, hacen foco en opositores y en los más críticos. Pero ahora con una particularidad que ha ido creciendo a medida que el temor de Maduro también aumenta: también están espiando a la tropa propia. Cientos de dirigentes chavistas, militares como yo, cubanos y empresarios amigos son controlados a toda hora. Algunos ya están advertidos y prefieren mantener reuniones con sus teléfonos móviles bien lejos, para no ser escuchados”, reseñó un coronel experto en inteligencia radicado en Caracas a Infobae. “Nadie está seguro en Venezuela. Todos son monitoreados, aún los aliados”, agregó en estrictísimo off the record.
Ese temor del que habla el alto mando uniformado es cada vez mayor en el dictador venezolano. Se refleja en el hermetismo que intenta guardar el régimen respecto al descontento -cada vez más creciente- de la población por la marcha de la economía y de la salud pública. Los índices económicos son desastrosos y el COVID-19 es una verdadera incógnita: Miraflores alienta el uso de “goticas milagrosas” que neutralizan el coronavirus pese a las alarmas del mundo científico. Pero lo peor: rechazó el envío de vacunas AstraZeneca para inmunizar con una dosis a seis millones de venezolanos y una iniciativa privada para comprar tres millones de inoculantes.
Para aplacar la ira por la impericia inhumana que demuestra la administración del Socialismo del Siglo XXI, Maduro cuenta con la capacitación permanente del CIC. Neutraliza cuentas y perfiles en redes sociales y se anticipa a tendencias que podrían generar algún tipo de manifestación en su contra. El control social que impone gracias a esta herramienta de ciberseguridad es brutal. Incluso, para desviar la atención de cientos de miles de usuarios descontentos con la escasez de alimentos e insumos básicos, logra generar falsos debates que impiden emerger a las conversaciones verídicas y repletas de quejas y malhumor. Tal como Beijing hizo con las grandes marcas occidentales.
Ahora, además, Maduro pretende “institucionalizar” esta persecución de quienes alcen sus voces. Van a reformar la ley de censura que ya existe para hacerla más férrea aún, incluyendo el control de las redes sociales. Lo hará través de la Asamblea Nacional chavista. Legalizará así las detenciones a quienes difunden críticas en redes sociales, acusaciones y lo que el censor de turno considere una amenaza. La presentación de estos proyectos se realizó el pasado 3 de marzo. Entre las que afectará la libertad de expresión -y movimiento- de los venezolanos estará la reforma parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (conocida como Resorte) y la creación de la Ley de Ciberespacio.
Uno de los últimos reductos de libertad de expresión de Venezuela sería aplastado para siempre dentro de un presunto marco de “legalidad” que lo justificaría todo. Será más que suficiente para que gobiernos distraídos continúen sin denunciar las graves violaciones a los derechos humanos registradas por las Naciones Unidas y replicadas por instituciones de prestigio internacional como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Esos amigos podrán aferrarse a ese concepto engañoso para continuar su defensa pública a Maduro.
INFOBAE