Las autoridades rusas están intensificando el uso de la tecnología de reconocimiento facial para rastrear a los manifestantes de la oposición hasta sus casas y arrestarlos, una nueva y poderosa herramienta del Kremlin para aplastar a la oposición. Pero cuando los agentes de seguridad del Estado son sospechosos de asesinatos o ataques a periodistas y activistas de la oposición, las cámaras de vigilancia a veces se apagan o “funcionan mal”.
Y el sistema es tan permeable que los datos de vigilancia de las personas pueden comprarse por una pequeña suma en el notorio mercado negro de datos de Rusia, junto con todo tipo de información personal. Incluso existe un nombre para el ciberbazar clandestino: probiv.
China es líder mundial en el despliegue de una vasta red de tecnología de reconocimiento facial, incluido un sistema para rastrear y reprimir a su minoría uigur. Pero la Rusia de Putin se apresura a ponerse al día.
Empresas rusas como NtechLab producen algunos de los programas informáticos de reconocimiento facial más sofisticados del mundo, mientras las autoridades se enfrentan a los contragolpes de la oposición, que incluyen el uso de las redes sociales para sacar a la luz la cleptocracia rusa, como las extravagancias de los aliados políticos del presidente ruso Vladimir Putin.
El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que el sistema de reconocimiento facial -implantado masivamente en Moscú en enero de 2020 y ampliado a al menos otras 10 ciudades rusas- se utiliza ahora en el 70% de las investigaciones de delitos. Moscú tiene más de 189.000 cámaras con capacidad de reconocimiento facial, así como más de 12.300 en los vagones del metro de Moscú.
“Se utiliza cada vez más contra manifestantes y activistas”, afirma Sarkis Darbinyan, abogado de Roskomsvoboda, una organización de derechos digitales con sede en Moscú. “Todas estas cámaras recogen las caras de las personas que van a una protesta y luego la información se queda en el sistema”.
Durante las protestas de enero y febrero por el encarcelamiento del líder de la oposición Alexei Navalny, Roskomsvoboda recibió más de una docena de informes de manifestantes detenidos en sus casas o en el metro, lo que sugiere el seguimiento por parte de los sistemas de vigilancia, dijo Darbinyan.
La vigilancia y el reconocimiento facial se utilizan cada vez más en todo el mundo para la aplicación de la ley, lo que hace saltar la alarma entre los grupos de defensa de las libertades civiles sobre el derecho a la intimidad.
El FBI utilizó el reconocimiento facial, los vídeos de vigilancia y otros medios para investigar los atentados del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. En Gran Bretaña, la policía de Gales del Sur perdió un caso histórico el año pasado cuando un tribunal de apelación dictaminó que la tecnología violaba el derecho a la intimidad y las leyes de igualdad.
Pero la historia es muy diferente en los estados autoritarios.
“En lugar de que el sistema se utilice en beneficio de la ciudad, se está utilizando como herramienta de vigilancia total y de control total de los ciudadanos”, dijo Sergei Abanichev, un manifestante que fue encarcelado tras ser detenido por reconocimiento facial.
Lanzó un vaso de papel vacío en dirección a la policía en una protesta en el verano de 2019, aunque dice que no tenía intención de causar daño. Una semana después, nueve policías de las fuerzas especiales golpearon la puerta de su apartamento. Fue acusado de disturbios y desórdenes masivos. Cumplió un mes, antes de que se retiraran los cargos.
El calvario fue suficiente para disuadirle de participar en las protestas de este año, dijo. Sin embargo, el 31 de enero, cuando más de 4.500 personas fueron detenidas durante las protestas, la policía se abalanzó sobre él en el metro. Le dijeron que el sistema de reconocimiento facial del metro había activado una “alerta máxima”, dijo. Fue interrogado durante horas, pero finalmente fue liberado.
Sembrar el miedo y disuadir el activismo puede ser el objetivo de las autoridades, dijo Darbinyan. “Si alguien sabe que puede ser localizado, puede cambiar su comportamiento”, dijo. “Pueden decidir no ir a una manifestación, no participar en una protesta o incluso no ir a la mezquita a rezar, porque saben que pueden ser rastreados”.
El 31 de enero, el activista Kamil Galeyev fue detenido en su casa tres horas antes de que comenzara una importante protesta. La detención, según dijo, se basó en unas fotos suyas por reconocimiento facial de una manifestación del 23 de enero. Fue encarcelado durante 10 días.
Otro activista, Mikhail Shulman, fue detenido dentro del metro el 31 de enero mediante reconocimiento facial. Le hizo sentir como si viviera en un “campo de concentración digital”, escribió en un artículo en el sitio web de Roskomsvoboda.
Los datos de vigilancia por reconocimiento facial van a parar a una base de datos central, el Centro Integrado de Procesamiento y Almacenamiento de Datos, al que pueden acceder las fuerzas del orden y algunos burócratas. Pero los funcionarios corruptos venden los datos en el próspero mercado negro ruso “probiv”: registros de vuelos, de teléfonos móviles y otros datos.
La utilizan periodistas de investigación rusos que investigan supuestos abusos de funcionarios, así como delincuentes que rastrean objetivos potenciales y fisgones que investigan a rivales, cónyuges, empleados o socios comerciales.
“A menudo, no son el gobierno o las autoridades quienes tienen acceso a los datos, sino los delincuentes”, dijo Mikhail Klimarev, director ejecutivo de la Sociedad de Protección de Internet, una ONG que denuncia los abusos de las autoridades rusas en la red.
Las autoridades han empezado a tomar medidas enérgicas contra el mercado de probiv, deteniendo a un policía por comercio de datos e investigando a otro.
Anna Kuznetsova, de Roskomsvoboda, vio varios anuncios de datos de reconocimiento facial en Telegram el año pasado y pagó 200 dólares por el acceso a los datos de 79 cámaras de Moscú, lo que le proporcionó información sobre su rutina diaria, las direcciones de su trabajo y su casa y sus rutas.
El periodista Andrei Kaganskih, de MBKh Media, compró cinco días de acceso a los datos sobre sí mismo de varias cámaras y un informe de 80 páginas sobre el seguimiento de su rostro durante un mes. Informó de que con 30.000 rublos (unos 400 dólares) se podía comprar el acceso en directo a todas las cámaras del sistema.
Pero las cámaras no apuntan a todo el mundo. La Fundación Anticorrupción de Navalny analizó un mapa en línea de la ciudad de Moscú de las cámaras de reconocimiento facial en los edificios y no encontró ninguna en las manzanas donde vivían los altos funcionarios. El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó el mes pasado a funcionarios y organizaciones rusas por el envenenamiento casi mortal de Navalny el pasado agosto.
El envenenamiento puso de manifiesto cómo los servicios de seguridad del Estado vigilan constantemente a los periodistas y a las figuras de la oposición, pero apagan las cámaras de seguridad cuando se desplazan para atacar.
Konstantin Kudryavtsev, miembro de un grupo clandestino de armas biológicas y químicas de la agencia de seguridad rusa FSB, confirmó el envenenamiento en una llamada telefónica realizada en diciembre a Navalny, que se hizo pasar por un alto asesor de seguridad. Cuando Navalny le preguntó si había alguna posibilidad de que alguien del equipo de envenenamiento hubiera sido grabado en vídeo, Kudryavtsev le dijo que las cámaras de vigilancia estaban apagadas en este tipo de operaciones.
Dijo: “Ahora las cámaras están en todas partes, pero aun así cuando hay cámaras las apagamos, ¿entiendes?”. Añadió que “siempre cortamos cualquier posibilidad de ser capturados”. Máxima conspiración: esto es lo más importante. Nadie debe ser visto”.
En otro caso, el medio de investigación en línea Bellingcat, con sede en Gran Bretaña, utilizó registros de vuelos y teléfonos del mercado negro de datos de Rusia para descubrir que Kudryavtsev y dos miembros de la misma unidad del FSB estaban en el sur de Rusia alrededor del momento de la sospechosa muerte de Timur Kuashev, un periodista de 26 años y activista contra la tortura en Nalchik en julio de 2014. Bellingcat publicó una carta de la policía de tráfico local a los investigadores en la que se afirmaba que todas las cámaras de vídeo cercanas al teatro funcionaron mal esa noche.
El cuerpo de Kuashev, con moretones en la cara y las marcas de una inyección en la axila, fue encontrado en un camino hacia un bosque a 15 km de su casa. Se dictaminó que la muerte fue un fallo cardíaco.
La Sociedad de Protección de Internet denunció “una nueva tendencia preocupante” después de que el acceso público a las imágenes de las cámaras de seguridad en tiempo real fuera desconectado en seis grandes ciudades rusas durante las protestas de enero. Klimarev dijo que parecía que la policía quería impedir la supervisión de sus acciones para controlar las protestas.
El abogado de derechos humanos Kirill Koroteyev dijo que no había controles efectivos sobre cómo las fuerzas del orden utilizaban las cámaras de reconocimiento facial y de vigilancia.
“El sistema”, dijo, “está diseñado para que no haya forma de cuestionar su funcionamiento”.
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