La difusión de videos en los que se ve a empleados del gobierno conservador australiano realizando actos sexuales en el Parlamento, uno de ellos masturbándose en la oficina de una diputada, ha puesto en una situación comprometedora al Ejecutivo, en medio de un gran malestar por el sexismo de la clase política.
El primer ministro conservador Scott Morrison calificó estos comportamientos de “escandalosos”. A Morrison se le venía criticando por la forma en la que gestionó varios temas, como una acusación de violación formulada por una empleada contra un ex colega.
Los videos y las fotos, que al parecer se han compartido en un chat grupal entre empleados del gobierno conservador antes de ser filtrados por un denunciante anónimo, fueron revelados por primera vez el lunes por la noche por el periódico The Australian y Channel 10.
Han desatado revuelo, sobre todo porque llegan precedidos por una serie de casos que empañan las esferas políticas australianas y que han generado protestas en todo el país.
El denunciante, identificado solo como “Tom”, afirmó a los dos medios de comunicación que empleados del gobierno y diputados usaban a veces la sala de oración del Parlamento para mantener relaciones sexuales y que habían traído a prostitutas al edificio “para el placer de los diputados de la coalición”.
También explicó que un grupo de empleados intercambiaba fotos pornográficas de ellos mismos y que él recibió tantas que se había “vuelto inmune”.
Habló de una “cultura de hombres que creen que pueden hacer lo que quieren” y aunque estima que los empleados probablemente no hayan violado ninguna ley, “moralmente, están acabados”.
La ministra de la Mujer, Marise Payne, quien también es titular de la cartera de Relaciones Exteriores, declaró a los medios de comunicación que las revelaciones son “más que decepcionantes” y refuerzan la necesidad de la investigación ordenada por el gobierno sobre la cultura del trabajo en el Parlamento.
Ya se ha despedido a un consejero y el gobierno ha prometido tomar más medidas.
Muchas voces denuncian la cultura sexista de la clase política australiana, en casos de acoso contra mujeres. A mediados de marzo decenas de miles de personas participaron en una campaña de manifestaciones llamada “#March4Justice” (Marcha por la justicia) para denunciar la violencia sexual y exigir la igualdad de género.
Acusaciones de violación
La ministra de Industria, Karen Andrews, dijo que estaba “completamente harta” del sexismo y añadió que su “conciencia no le permitía callarse más”. Declaró a la prensa en Canberra que el Partido Liberal en el poder, al que ella pertenece, debería considerar cuotas para los puestos.
Dos casos con ministros implicados han salpicado recientemente al gobierno de centroderecha.
Primero fueron las acusaciones de una ex empleada del gobierno. Brittany Higgins, que afirmó el mes pasado que un colega la violó en 2019 en la oficina en el Parlamento de Linda Reynolds, quien era entonces ministra de la Industria de Defensa.
Convertida en ministra de Defensa, esta última ha sido criticada por la forma en la que su gabinete acogió las acusaciones de la joven.
A principios de marzo, Christian Porter, que es el principal asesor legal del gobierno, negó haber violado en 1988 a una adolescente de 16 años con la que estudiaba. Esta mujer falleció el año pasado. Presentó una demanda por difamación contra el canal público ABC, el primero en difundir las acusaciones.
La oposición laborista, que tiene un sistema de cuotas, tampoco se libra de las acusaciones de sexismo y acoso.
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