La Paz, 16 Nov (Radio Splendid).- Como es de conocimiento público, las autoridades de Gobierno anunciaron que el 23 de noviembre llegarán a Bolivia cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para iniciar una investigación sobre las muertes de Huayllani (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas en noviembre de 2019, anunció el ministro de Justicia, Iván Lima.
Esta información ha sido aplaudido por Derechos Humanos de El Alto y asesor de los familiares de los fallecidos y heridos de Senkata, ante ello, solicitaran a estas personalidades visitar el lugar de los hechos, Senkata.
“Vamos a pedir que el grupo especial se reúna con las víctimas en Senkata, en la Iglesia y lo único que falta determinar es el día y la hora, eso dependerá mucho del programa que están haciendo con la cancillería”, explicó David Inca, activista de Derechos Humanos de El Alto, David Inca y asesor de este sector.
Asimismo, Inca aclaró que de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Mixta de la ALP de la pasada gestión, que indica un juicio de responsabilidades a Jeanine Añez y a sus ministros que reprimieron el pasado 19 de noviembre de 2019.
“Lo principal es el juicio de responsabilidades no sólo a la señora Añez, a los ministros y a los comandantes que se identifiquen a todas las autorías e inmediatamente comiencen los procesos penales, eso es lo que vamos a pedir, y que se quede como antecedente y que no ocurra en el futuro”, manifestó Inca.
El documento de la Comisión Mixta fue elevada a la Fiscalía General del Estado, y esta instancia tiene 30 días para una evaluación si procede o no este juicio y si es positivo, deberá solicitar el permiso a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se apruebe mencionado juicio de responsabilidades contras las exautoiradades de la gestión transitorio de Jeanine Añez.
Es propio destacar que la Asociación de familiares de los heridos y fallecidos de Senkata solicitaran una audiencia con los partidos políticos del MAS, Creemos y Comunidad Ciudadana para que aprueben este juicio.
Vale señalar que el propósito del Gobierno es abrir todos los expedientes de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público a la investigación que llevará adelante la CIDH, lo que permitirá, identificar a los autores intelectuales y materiales de