La Paz, 8 oct (Radio Splendid).- Este jueves, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz Tarifa, participó en una audiencia virtual en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien aseveró que el país vive un clima de escalada de violencia y que el Gobierno transitorio, permanentemente, amenaza con la ejecución de planes de operativos conjuntos de las fuerzas del orden en los puntos que llama los más conflictivos en el país.
Frente al panorama de conflictividad en el marco de las próximas elecciones generales del 18 de octubre, la Defensora mencionó: “Solicitamos la activa participación de los miembros de la CIDH para el monitoreo sobre los hechos de violencia que puedan suscitarse durante el proceso electoral, pues, al igual que en el 2019 el uso de agentes militares en el aplacamiento de cualquier protesta, manifestación o conflicto, produce la muerte de civiles”, manifestó.
Se refirió a los hechos de octubre y noviembre de 2019, evidenciando que se cometieron gravísimas violaciones de derechos humanos y que no existen investigaciones serias y menos sentencias al respecto. Factor que no genera garantías de no repetición porque el Gobierno transitorio arguye someterse a la clasificación de documentos, que imposibilitan conocer a los autores y los medios usados en las violaciones durante las intervenciones conjuntas de militares policiales.
“Sobre esto, nos referimos en especial a las masacres ¿sólo se responsabilizará a la Presidente y a su Gabinete por los delitos de lesa humanidad en que incurrieron?”, cuestionó ante la CIDH.
A la vez, Cruz, hizo alusión a la violación de derechos en el contexto de la pandemia por Covid-19, ya que el Gobierno no generó una política para atender la emergencia de salud; más bien , justificó el uso extralimitado de la fuerza por parte de agentes policiales. Los recursos financieros que debieran ser destinados a salud fueron objeto de corrupción o, en su caso, se priorizó la adquisición de armamento letal para la Policía y las FFAA.
Observó además, que las medidas cautelares otorgadas a funcionarios de la Defensoría del Pueblo, no fueron cumplidas y denunció que actualmente se impide el trabajo en las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos.
Otros puntos que mencionó en la audiencia de la CIDH, fueron la vulneración de la independencia judicial, pues vocales, jueces y fiscales son objeto de amedrentamiento a través procesos penales e, incluso, seguimientos personales a través de agentes policiales por encargo del Ministro de Gobierno; la falta garantías de la libertad de expresión, sea por afectación de radios comunitarias, persecución de periodistas, asfixia económica a través de medios directos e indirectos.