La Paz, 25 agosto (Radio Splendid).- La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia resolvió en un ampliado virtual dar plazo a la presidenta del gobierno de transición, Jeanine Añez, hasta el miércoles para que promulgue la ley que difiere el pago de créditos bancarios hasta el 31 de diciembre, caso contrario, advirtieron con un paro nacional el jueves.
“El Ampliado Nacional resuelve dar plazo hasta el día miércoles 26 de agosto del presente año para que la Presidenta del Estado Plurinacional Jeanine Añez promulgue la Ley de Diferimiento de Créditos”, dice la resolución del amplaido.
El documento advierte que de no promulgarse la postergación para los pagos “se decreta Paro Nacional del Autotransporte de 24 horas el día jueves 27 de agosto con movilizaciones y bloqueo de carreteras”. Agrega que “de no ser escuchados se ingresará en paro de 48 horas, hasta llegar al paro indefinido”.
Cabe mencionar que la ley de diferimiento de créditos hasta diciembre ya fue sancionada por la Asamblea el 12 de agosto, sin embargo, Añez no la promulga. El ministro Óscar Ortiz indicó que el Gobierno analice el efecto de la norma en los ahorristas.
Por otro lado la instancia de los choferes también determinó “no adquirir el SOAT 2021 existiendo recursos para atender los siniestros que pudieran ocurrir durante la próxima gestión, considerando además la grave crisis económica que viene enfrentando el autotransporte como consecuencia de la pandemias del coronavirus”.
Asimismo exigieron a las autoridades del Gobierno Nacional la prórroga del plazo para el pago de impuestos hasta el siguiente año, tales como el IUE, IT, IVA, impuestos de vehículos e inmuebles, “considerando que el transporte nacional en todas las modalidades es el sector más afectado por la pandemia, que por más de 5 meses no está trabajando y por ende no está percibiendo ingresos económicos para el sustento de nuestras familias y peor aún para el pago de obligaciones tributarias”.
“Ante la desatención en el mantenimiento de las carreteras por parte de las autoridades de la ABC y la imposición indiscriminada de las multas económicas de pesos y dimensiones que son atentatorias a la economía del sector”, determinaron exigir dejar sin efecto la multas, tomando en cuenta que por la crisis sanitaria de la pandemia los transportistas apenas están trabajando para el sustento familiar, argumentaron.
Además exigieron al Gobierno nacional la aprobación de un Decreto Supremo que viabilice créditos para los transportistas a través de un fideicomiso.
