La Paz, 9 ago (Radio Splendid) – La Defensoría del Pueblo conoce, con base en varios hechos violentos registrados desde octubre y noviembre de 2019, sobre la conformación y permanencia en el territorio boliviano de grupos integrados por actores privados con carácter parapolicial y paramilitar, que a título de defender posiciones políticas se han arrogado de forma ilegal, facultades propias de la Policía Boliviana, y con la aquiescencia de esa institución y del Gobierno.
Esta institución defensorial denuncia que uno de estos grupos se hizo presente la noche del 8 de agosto en la Plaza Abaroa de la ciudad de La Paz, donde se desarrollaba una vigilia frente a las puertas del Tribunal Supremo Electoral. Este grupo irregular demandó a los ciudadanos que estaban allí apostados a que levanten su medida bajo amenazas del uso de la fuerza, lo que provocó amagues de enfrentamiento. La Policía se puso en medio de ambos bandos para evitar hechos de violencia, pero como se evidencia en las filmaciones no intervino, conforme a su mandato legal y constitucional, para evitar las agresiones de ese grupo civil irregular.
Hoy 9 de agosto, desde mediodía en Cochabamba, otro de estos grupos, autoidentificado como “Resistencia Juvenil Cochala”, procedió a levantar bloqueos que se mantenían en la avenida Blanco Galindo y provocó un enfrentamiento entre civiles. En imágenes que circulan en medios de prensa y redes sociales, se puede observar que la “RJC” utiliza varios vehículos y motocicletas, portando chalecos antibalas, armamento artesanal, similar a bazucas, y petardos, así como lo hizo en anteriores ocasiones y con la permisividad del Estado boliviano.
Este tipo de accionar ya ha sido denunciado tanto por la Institución Defensorial como por organismos internacionales. Al respecto, la CIDH ya se pronunció y manifestó: “La @CIDH también expresa preocupación por la información que señala que actores privados, con la presunta aquiescencia de autoridades, habrían tomado acciones violentas contra personas y autoridades locales y amenazado con interrumpir el suministro de agua a K’ara K’ara”(…).
La Defensoría del Pueblo toma debida nota que este tipo de acciones violentas se desarrollan de manera constante y reiterativa desde inicios de este año, y que a la fecha se puede observar una suerte de complicidad y permisividad por parte del Estado, situación que podría acarrearle responsabilidades internacionales.
Fuente: www.defensoria.gob.bo