La Paz, 02 ago (Radio Splendid).- La Defensoíra del Pueblo, exigió al Gobierno, en todos sus niveles, y a las entidades encargadas del pago de la Renta de Dignidad y el aguinaldo adelantado de este beneficio, a garantizar la protección, un trato preferente y medidas de bioseguridad para las personas adultas mayores que desde mañana harán efectivo el cobro de este bono; y evitar que duerman afuera de entidades financieras, hagan largas filas expuestas a contagios de COVID-19 u otras enfermedades respiratorias.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, manifestó su preocupación por la situación de esta población en situación de vulnerabilidad que podría verse afectada durante el pago de ese bono, y dijo que es necesario que las instancias competentes garanticen que no haya aglomeraciones afuera de las entidades financieras, vigilar que se cumpla el distanciamiento mínimo, además de implementar medidas de protección ciudadana para cuidar la integridad física y la seguridad económica de las personas que realicen el cobro.
El Gobierno anunció que desde este 3 de agosto se adelantará el pago del aguinaldo de la Renta Dignidad, que será cobrado de manera conjunta con dicho bono, por lo que se espera que a partir de esa fecha se registré una alta afluencia de personas adultas mayores en instituciones bancarias.
Cruz indicó que a la fecha, en el país, se registran picos altos de contagios por COVID-19 que alcanzan a más de 75.000 personas confirmadas y que, lamentablemente, el 52 % del total de decesos por este virus son personas adultas mayores; a esto se suma que en seis ciudades (Trinidad, El Alto, Potosí, Santa Cruz, Tarija y Sucre), los centros de acogida de larga estadía reportan el fallecimiento de más de 50 personas y que lastimosamente coincide con las temperaturas bajas a nivel nacional; razón por la cual, remarcó, se insiste en que es deber del Estado precautelar la salud y la integridad de las personas adultas mayores que se apersonarán masivamente a efectuar los cobros mencionados.
El pasado 23 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a los Estados implementar medidas económicas en favor de la población adulta mayor, acompañadas de estrategias de pago seguro para la protección de las personas adultas mayores, a fin de evitar aglomeración y contagio, con horarios especiales o trato preferencial en los puntos de pago, asistidas por personal policial capacitado en un trato adecuado a las personas adultas mayores y difundidas en campañas de comunicación accesibles.
De igual manera, el artículo 7 de la Ley 369 General de las Personas Adultas Mayores establece que las instituciones públicas y privadas deben brindar trato preferente a las personas adultas mayores de acuerdo a siete criterios: 1. Uso eficiente de los tiempos de atención; 2. Capacidad de respuesta institucional; 3. Capacitación y sensibilización del personal; 4. Atención personalizada y especializada; 5. Trato con calidad y calidez; 6. Erradicación de toda forma de maltrato; 7. Uso del idioma materno