La Paz, 5 jun (Radio Splendid).- La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó preocupación por la decisión de Gobierno de eliminar los ministerios de Culturas, Deportes y Comunicación, porque ahondaría la desatención de sectores fundamentales para el Estado, como son los gestores culturales y los deportistas.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, observó que el Ejecutivo no implementó, durante la crisis, una política que incentive acciones en favor de esos sectores, como la creación de un fondo de ayuda financiado con dotaciones extraordinarias o un subsidio de desempleo, entre otras.
Además, indicó su temor que con estos cambios se afecten tareas fundamentales del Estado. “Nos preocupa como Defensoría del Pueblo, que tareas esenciales como la interculturalidad, la descolonización, la cultura y el arte, que en este momento son fundamentales para trabajar la etapa de pandemia y pospandemia, sean descuidadas”, enfatizó Cruz.
Recordó que la Constitución Política del Estado considera a la cultura como fundamental. El artículo 1 de esa norma señala: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.
Organizaciones y gestores culturales se pronunciaron por las redes sociales criticando que se haya anulado el Ministerio de Culturas como si esa actividad no fuese fundamental, y crearon el grupo “Soy artista, no soy un gasto absurdo”.
“Lastimosamente al sector artístico se lo ha dejado de lado. Se ha pensado que era accesorio y que los artistas no realizan un trabajo. Y eso no es así, detrás de cada artista hay una familia, hay personas que dependen de este trabajo. Este sector no ha sido atendido hasta ahora. Ámbitos como la religión han tenido un tratamiento estatal, pero el artístico no”, dijo.
Asimismo, manifestó que esa medida administrativa no incluya la desvinculación laboral de funcionarios en situación vulnerable como son las personas con discapacidad, mujeres embarazadas o enfermos con cáncer”, manifestó la Defensora.