La Paz, 11 abr (Radio Splendid).- El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, aclaró el sábado que el fallo judicial emitido en horas pasadas establece el traslado de ciudadanos que se quedaron varados en regiones distintas a su lugar de origen dentro del país, mas no se refiere a los ciudadanos que se encuentran en frontera.
«La acción presentada por la Defensoría del Pueblo versa sobre ciudadanos que se hubieran quedado dentro del país, de gente que no hubiera podido retornar de Sucre a La paz, de Cochabamba a Potosí, del Beni a Santa Cruz, no se refiere en ninguna de sus partes a la situación en frontera», dijo en una conferencia de prensa.
En horas pasadas, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso que el Órgano Ejecutivo «coordine y viabilice el traslado de más de 474 personas varadas en distintos departamentos debido a la cuarentena general», pero siguiendo protocolos de seguridad y considerando la urgencia y la pertinencia de los traslados a sus regiones de origen.
Santamaría manifestó la predisposición del Gobierno de coordinar ese traslado de ciudadanos con la Defensoría del Pueblo, como establece el fallo judicial, pero se espera que esa determinación no sea aprovechada políticamente por esa institución para poner en riesgo la salud de los bolivianos.
«No se ha hecho una valoración respecto de la situación de gente en frontera, que esperamos no sea aprovechada políticamente por una Defensoría del Pueblo que no ha tenido coordinación con el Ejecutivo», agregó.
Explicó, asimismo, que el Gobierno en el marco del respeto a las normas garantizó siempre el traslado de personas que no estaban en sus regiones de origen, para ello emitió incluso permisos temporales, pero siempre precautelando la seguridad y la salud del resto de la población.
«El Ministerio ha estado facilitando a quienes han cumplido este trámite baste rápido a través de la plataforma electrónica para evitar el contacto y por lo tanto para evitar la concentración masiva de personas los permisos de circulación temporales, para quienes oportunamente hubieran tenido que moverse de un lugar a otro», sostuvo.
Advirtió, asimismo, que los Decretos de emergencia nacional que establece medidas para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 dieron un tiempo perentorio para que los ciudadanos puedan retornar a sus lugares de origen.
Santamaría cuestionó, sin embargo, que la fundamentación de la Defensoría del Pueblo tenga el objetivo de trasladar a personas pero no proporcione datos fundamentales como su número de cédula de identidad o su ubicación geográfica.
«La Defensoría del Pueblo falta a la verdad, el memorial presentado con un listado de alrededor de 470 personas no establece la ubicación de esos ciudadanos que supuestamente hubieran sido perjudicados», complementó.
A su juicio, esa falta de coordinación tiene una «intencionalidad más política».
Aclaró, asimismo, que algunas personas se quedaron varadas lejos de sus hogares, porque cada región estableció sus propias medidas de seguridad, como el cierre de fronteras o el encapsulamiento, que deben ser respetadas.
«Los gobiernos municipales también han emitido una serie de medidas (…), reglas dentro de su jurisdicción que por supuesto no están permitiendo la movilización de personas de una a otra localidad, por lo tanto no entendemos este razonamiento a través del cual la Defensoría del Pueblo lo único que hace es poner en riesgo la salud del resto de los bolivianos que viene cumpliendo de una forma u otra la cuarentena quedándose en casa», manifestó.
Anunció, sin embargo, que como pasó con otras instituciones, el Gobierno nacional está dispuesto a coordinar con la Defensoría, como establece el fallo, pero siempre velando por el bienestar de la población en general.
«Generar una movilización de 470 personas en el país es poner en riesgo a la población y eso va a ser responsabilidad de la Defensoría del Pueblo que pretende jugar con la salud de 11 millones de bolivianos. Las medidas que hemos tomado como Gobierno nacional han sido consultadas con los organismos internacionales en materia de salud pública», complementó.
ABI