La Paz, 1 feb (Radio Splendid).- La Defensoría del Pueblo lamentó el silencio e inacción por parte de las instancias competentes y responsables de la protección y atención de las niñas, niños y adolescentes en el país, ante la situación de desprotección en la que se encuentra esta población, lo cual se ve reflejado en las cifras sobre infanticidios, hechos de violencia o negligencia que se encuentran en investigación.
“A la fecha no se ha conocido un pronunciamiento oficial del Sistema de Protección Plurinacional Integral de la Niñez y de la Adolescencia – SIPROINA, lo que reflejaría una falta de coordinación, desorden y lento avance en las investigaciones, que pone en evidencia las debilidades del Estado en la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes”, manifestó la máxima autoridad de la institución, Nadia Cruz.
Recordó que el artículo 156 de la Ley 548, Código Niña, Niños y Adolescente señala que es obligación de todos los niveles del Estado contar con programas permanentes de prevención y atención de la violencia contra esta población; en ese marco, exhortó a las instituciones y organizaciones que conforman el SIPROINA, principalmente al Ente Rector, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a pronunciarse y desarrollar medidas inmediatas sobre los infanticidios.
“Exigimos que el Estado, en todos sus niveles, las familias y la sociedad, tomen las acciones necesarias para garantizar el derecho a la vida, proteger a todas las niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, abuso o negligencia que afecte su integridad personal”, remarcó Cruz.
La situación de desprotección y violencia en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes en el país, enfatizó, se evidencia en hechos como el ocurrido el 1 de enero cuando una bebé de ocho meses fue envenenada por sus padres en el sector de Alto Tacagua, en La Paz, quienes luego se quitaron la vida; la muerte de cuatro niños, de 10, 8, 5 y 3 años, que fueron asesinados por su padre en la ciudad de El Alto el pasado 2 de enero; la muerte de un niño de 3 años con autismo que se ahogó en la piscina de su guardería el 21 de este mes en Santa Cruz; o el registrado este viernes en Potosí, donde dos niños de 4 y 7 años murieron ahogados tras ser sumergidos en un turril, presuntamente por sus progenitores. A estos casos, se suma lo ocurrido en Mapiri, donde un adolescente de 16 años y un niño de 9 fueron víctimas de maltrato y discriminación, por parte de su tío, sólo por el hecho de ser afrobolivianos.
Ante esta realidad, la Defensora expresó su total repudió hacia cualquier tipo de violencia contra esta población y exhortó a instancias gubernamentales, no gubernamentales y a la sociedad en general, a adoptar medidas de protección y sanción contra estos hechos graves de violencia.
Durante la pasada gestión, según datos de la Fiscalía General del Estado, se registraron 66 casos de infanticidios, ocurrido 21 en el departamento de La Paz; 12 en Santa Cruz; 10 en Cochabamba; 6 en Chuquisaca; 5 en Beni; 4 en Potosí 4; 3 en Oruro; 3 en Tarija y en Pando 2.
