París, 02 Dic. (LA VANGUARDIA).- Ni el próximo jueves, 5 de diciembre, ni los días siguientes son fechas aconsejables para viajar a Francia, menos aún a la región parisina. La amplia huelga anunciada, sobre todo en los transportes públicos, amenaza con perturbar de manera grave la vida colectiva, amén del riesgo potencial de violencia en las manifestaciones convocadas.
El Gobierno en pleno se reunió ayer, con carácter extraordinario en un domingo por la tarde, para cerrar filas en torno a la polémica reforma de las pensiones, el motivo principal de la protesta, analizar la estrategia que seguir y diseñar una agresiva ofensiva mediática de los ministros más afectados (los de Transportes, Interior, Economía y Sanidad) para influir en la opinión pública y minimizar en lo posible el impacto de la huelga.
Además de la compañía nacional de ferrocarriles (SNCF), están llamados a la huelga los empleados de la red de transporte público de la región parisina (RATP), los maestros, funcionarios municipales, departamentales y regionales, empleados del sector energético y de refinerías, personal de tierra de Air France y otros sectores. Se espera que tenga también efectos en los transportes públicos fuera de París, en los controladores aéreos, taxis y servicios de ambulancias. Los policías también protestarán, así como el personal sanitario, que está en huelga desde hace meses. Los chalecos amarillos han anunciado movilizaciones. Ya sea de modo directo o indirecto, el país entero puede sufrir sus consecuencias. Y lo peor es que en algunos casos, como la SNCF y la RATP, la convocatoria de paro es indefinida. A quienes compraron billetes para viajar entre el 5 y el 8 de diciembre la SNCF les ha enviado un mensaje diciendo que han sido anulados, que les devuelven el dinero y que busquen una alternativa para su desplazamiento.
El temor del Gobierno es que el país quede medio bloqueado durante varias semanas, como ocurrió en 1995. El gobierno conservador de Alain Juppé –durante la presidencia de Jacques Chirac– también osó proponer cambiar el sistema de pensiones –para eliminar los más de cuarenta regímenes especiales para otros tantos colectivos–, pero finalmente hubo de desistir. Pese a ello, en las siguientes legislativas, los conservadores perdieron y dejaron paso a los socialistas, que hubieron de cohabitar con el conservador Chirac en el Elíseo.
Lo extraño de la presente convocatoria de huelga es que se produce en un momento en que los sindicatos están muy debilitados. Sólo el 8% de los empleados del sector privado están afiliados a una central sindical. En la función pública la afiliación es del 20%. Pese a esa debilidad, son capaces todavía de arrastrar a mucha gente para una huelga de estas características. Se da también la circunstancia de que el sindicato hoy más potente, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), de raíces cristianas y talante más moderado, no se ha adherido aún oficialmente a la huelga aunque mantiene cierta ambigüedad en algunos sectores, como el ferroviario, y critica aspectos fundamentales de la reforma de las pensiones.
El ministro de Acción y Cuentas Públicas, Gérald Darmanin, afirmó ayer en una entrevista con Le Journal du Dimanche que el Gobierno no cederá y la reforma seguirá adelante porque «estamos salvando las pensiones de nuestros hijos». Esa misma firmeza se mostraba hace un año con la ecotasa de los carburantes y el Gobierno la acabó anulando ante la presión en la calle de los chalecos amarillos y los graves actos de violencia y vandalismo.