Bogotá, 19 Nov (EL PAÍS).- En las horas más bajas de su año largo en el poder, el presidente de Colombia, Iván Duque, se enfrenta este jueves a un paro nacional que acapara el debate público y pone a prueba su liderazgo. A pesar de que la tradición sindical colombiana palidece frente a otros países de la región, el llamado de las organizaciones de trabajadores puede verse potenciado por el descontento frente a un Gobierno que mantiene abiertos múltiples frentes de fricción social. En ese contexto, el paro ha terminado por despertar grandes expectativas en diversos sectores, así como temores entre otros ante la posibilidad de desmanes.
El Comando Nacional Unitario, que reúne a varias centrales obreras, convocó desde octubre a la movilización en contra de varias políticas económicas, especialmente las reformas que afectan al mercado del trabajo y al sistema de pensiones. El Gobierno sostiene que no hay un ningún texto definido frente a esos dos temas y los proyectos que presente serán concertados. Sin embargo, las organizaciones de trabajadores argumentan que diversos voceros del Ejecutivo han dejado claro que apuntan a la flexibilización laboral y debilitar Colpensiones [el organismo estatal que las gestiona] a favor de los fondos privados.
El llamado coincidió con una serie de reclamos sociales de estudiantes que se mantienen en las calles para pedir mayores recursos para la educación superior, profesores, opositores y activistas de todo tipo que invitan a marchar. Hasta artistas como el cantante Carlos Vives han terminado sumergidos en la crispación de las redes sociales por exponer sus razones para manifestarse, e incluso la Iglesia se mostró a favor de la protesta pacífica. Las quejas van desde el incesante asesinato de líderes sociales, indígenas y excombatientes que firmaron la paz, o el regreso del fantasma de las ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas, hasta el bombardeo militar en el que murieron ocho menores de edad o la propia estigmatización de la protesta social.
El Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Álvaro Uribe, ha atribuido la movilización a «la estrategia del Foro de Sao Paulo que intenta desestabilizar las democracias de América Latina, secundado por grupos opositores cuyo propósito ha sido bloquear» al debilitado Ejecutivo de Duque. Desde el propio Gobierno, que lanzó una agresiva campaña con el lema «Colombia no para», se han mostrado preocupados frente al orden público y el vandalismo, acusan esfuerzos de «desestabilización» y enfatizan un trasfondo político que nadie ha intentado esconder. Las autoridades tomarán una serie de medidas que incluyen el cierre de las fronteras, y la presencia de militares en Bogotá ya ha despertado críticas. «Si se prolonga, todo está previsto», ha dicho la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
«La protesta social pacífica es un derecho de los colombianos, y es un deber del Estado, de los gobernantes locales, garantizar el ejercicio de la protesta pacífica», dijo el presidente el fin de semana en el estreno de «Conéctate con Duque», un programa de televisión de más de dos horas en el que se dedicó a defender su obra de Gobierno, acompañado de algunos de sus ministros. «Pero también es un deber de todos rechazar censurar, acusar, develar y sancionar, ejemplarmente, a quienes pretenden apelar a la violencia, al vandalismo y al pillaje, para atentar contra los derechos de los colombianos», añadió.
«Es muy probable que el 21 de noviembre se presenten desmanes. Hay demasiada animosidad en el aire y, en río revuelto, los vándalos y saboteadores buscan el caos», valoraba en su editorial el periódico El Espectador. «Sin embargo, todo debe tener sus justas proporciones. Si miles de colombianos marchan pacíficamente, es injusto que el enfoque del cubrimiento del paro sea el de la violencia».
Duque, que llegó al poder en agosto del año pasado con el apoyo decidido de los empresarios, ha debido enfrentar una creciente movilización social. Ya ha tenido que lidiar, entre otras, con oleadas tanto de protestas estudiantiles como de comunidades indígenas. La huelga del jueves, sin embargo, llega en un momento de particular debilidad política para el mandatario, que carece de mayorías legislativas.
Los candidatos del Centro Democrático perdieron en las principales ciudades en las elecciones locales y regionales de octubre, la desaprobación de Duque alcanza el 69% en las encuestas más recientes y la oposición forzó este mes la renuncia del cuestionado ministro de Defensa, Guillermo Botero, relevado por el excanciller Carlos Holmes Trujillo. Fue precisamente durante el debate de moción de censura a Botero en el Senado cuando se conoció la operación militar contra disidencias de las FARC el pasado agosto en la que murieron al menos ocho menores de edad en el departamento de Caquetá, un episodio que ha desatado una nueva oleada de indignación.
En el plano económico, Colombia exhibe un envidiable crecimiento 3,3% del PIB en el tercer trimestre, pero la tasa de desempleo se mantiene en dos dígitos y ha pasado a ser la principal preocupación de los colombianos en las encuestas. Además, el Gobierno debe volver a pasar por el Congreso la resistida reforma tributaria con la que ya contaba después de que la Corte Constitucional tumbó la legislación original por problemas de trámite. Terreno fértil para un descontento que los manifestantes se proponen hacer resonar en las calles.