Santiago de Chile, 2 Oct (EL PAÍS).- Dos años después de la promulgación en Chile de la ley de interrupción del embarazo por tres causas peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación, el Ministerio de Salud reportó 188 casos de niñas y mujeres donde se constituyó la tercera causa, de las que 150 realizaron un aborto, según la ONG Corporación Miles. Se trata de una cifra notablemente inferior a la proyectada por las autoridades en 2012, cuando en medio de la discusión parlamentaria se estimaba que más de 1.000 mujeres decidirían anualmente interrumpir sus embarazos producto de ataques sexuales.
Esta diferencia de cifras se debe en parte por las dificultades propias de la implementación de una ley de esta naturaleza, pero sobre todo por problemas de fondo que se han presentado con la puesta en marcha de esta norma. Diversas ONG, activistas de derechos humanos y académicas alertan de la falta de información de las pacientes y otros problemas profundos, como que el 51% de los médicos obstetras del sistema público se declara objetor de conciencia a la hora de practicar abortos por violación, permitido hasta las 14 semanas en el caso de las niñas menores de 14 años y hasta las 12 semanas para las mayores.
«Se estima que el 10% de las violaciones puede terminar en un embarazo y entre 2010 y 2018 tuvimos 174.000 denuncias, pero en dos años 150 mujeres han abortado por esta causal», indica Javiera Canales, coordinadora del área legal de Corporación Miles, que capacita a profesionales y judicializa casos de chilenas a las que se les ha negado el acceso a un aborto. «Nos llaman mujeres a las que no las han dejado abortar porque los médicos les dicen: ‘No tienes cara de violada y como no te ves afectada, no puedes interrumpir’. Por lo tanto, para las chilenas sigue siendo mucho más fácil el mercado negro», agrega Canales.
Hasta antes de que entrara en vigencia la ley de aborto en tres causales, las interrupciones del embarazo estaban totalmente penalizadas, en todos sus supuestos. Lo estableció la dictadura de Augusto Pinochet poco antes de dejar el poder, en 1990. Como hasta hace poco se trataba de un delito, no existían cifras sobre la cantidad de abortos que se producían en las clandestinidad, pero los expertos estimaban que eran unos 70.000 anuales. Si bien siempre se supo que la normativa de 2017 estaría enfocada solo en los casos de mayor gravedad, en estos dos años no solo las interrupciones de embarazo en casos por violación han sido menores a las proyectadas. Por peligro de vida de la madre, se pensaba que habrían unos 10.000 cada año, pero desde 2017 se han producido 406. Por inviabilidad del embrión o feto, se estimaban entre 300 y 550 casos al año, pero desde septiembre de 2017 se han producido 399.