Bogotá, 27 Sep (EL PAÍS).- Naciones Unidas abrió este viernes una investigación a Venezuela por los atropellos del régimen de Nicolás Maduro. El Consejo de Derechos Humanos aprobó la creación de una «misión internacional independiente de determinación de los hechos» cuyo propósito es realizar una indagación a fondo de «las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014»
Esta comisión deberá trabajar durante un año «con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas». La resolución, la primera de estas características en América Latina, salió adelante con 19 votos a favor, entre ellos el de España, y 21 abstenciones. Siete países, encabezados por China y Cuba, se opusieron a la iniciativa. La medida fue adoptada en Ginebra a raíz de una propuesta formulada por el Grupo de Lima, integrado por una docena de Gobiernos americanos.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU insta, además «a las autoridades venezolanas a que cooperen plenamente con la misión de determinación de los hechos, le brinden acceso inmediato, completo y sin trabas a todo el territorio del país, así como a las víctimas y lugares de detención y le faciliten toda la información necesaria para el desempeño de su mandato». En definitiva, se trata de un pronunciamiento que busca allanar el camino a las investigaciones independientes de lo que ocurre en Venezuela. El país lacerado por una profunda crisis social y política, se encuentra sumergido en un impasse institucional desde que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, lanzara el pasado enero un desafío a Maduro tratando de forzar su renuncia, la apertura de una etapa de transición y la convocatoria de elecciones libres.
Naciones Unidas exige que el Gobierno colabore con el sistema de derechos humanos de la organización y que coopere con la alta comisionada, Michelle Bachelet. El informe de su oficina, publicado en julio tras su visita a Caracas, denunció graves violaciones de derechos económicos, civiles y políticos y puso negro sobre blanco unas cifras demoledoras de muertos atribuidos a los abusos de las fuerzas de seguridad: casi 5.300 solo el año pasado. El régimen refutó el dossier, pero el pasado martes accedió a firmar un memorando de entendimiento con la alta comisionada que abre la puerta a la apertura de una delegación en Caracas.
Esta nueva resolución, que aumenta la presión internacional sobre el chavismo, fue recibida por la oposición como una victoria. Sin embargo, queda por ver su recorrido, ya que cabe esperar que Maduro oponga resistencia. Su Gobierno destacó más bien otro pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos, que el jueves expresó su preocupación por las sanciones impuestas por las principales instancias internacionales, con Washington a la cabeza. Estas «medidas coercitivas extraterritoriales unilaterales han agravado todavía más los efectos de la crisis económica y, en consecuencia, la situación humanitaria del pueblo venezolano», mantuvo. La ONU defiende una salida «pacífica, democrática y constitucional» a la crisis y rechaza la «injerencia militar, de fuerzas de seguridad o de servicios de inteligencia extranjeros».
