Perú, 17 abr (EFE).- El ex presidente peruano Alan García se disparó este miércoles en su domicilio de Lima al momento de ser detenido por orden de la Justicia peruana por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht.
En medio de una gran confusión, el exmandatario (1985-1990 y 2006-2011) fue ingresado en el hospital Casimiro Ulloa de Lima, a donde fue trasladado por la policía. Según fuentes del hospital, está siendo intervenido quirúrgicamente y “ya ha tenido tres paros respiratorios”. El estado de salud del expresidente “es delicado”, ha afirmado Erasmo Reyna su abogado.
“En estos momentos está siendo operado. Rogamos a Dios que le dé la fortaleza y haremos todo lo que está a nuestro alcance para revertir está situación”, dijo su abogado.
Un comunicado oficial del ministerio de Salud de Perú indica: “Paciente ingresó con diagnóstico de impacto de bala en la cabeza, con orificio de entrada y salida. Su estado de salud es delicado. Su pronóstico es reservado”.
Testigos consultados por la televisión peruana indicaron que García entró cubierto por una manta roja y, poco después, su hijo ingresó rápidamente en el hospital.
El suceso se produjo cuando agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad acudieran a la casa del político, sobre el que pesa desde finales del año pasado una orden de impedimento de salida del país, para someterlo a una detención provisional por diez días ordenada por el Poder Judicial.
La orden de detención se da en el marco de una investigación a García por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión agravada. García ha afirmado ser inocente de todos los cargos que le señala la Fiscalía.
La investigación es por supuestos sobornos pagados por Odebrecht para adjudicarse un contrato para la construcción de la línea 1 del Metro de Lima durante su segundo gobierno (2006-2011). García pidió asilo en 2018 en Uruguay, pero ese país se lo negó.
Asimismo también se ordenó la detención de Luis Nava, secretario presidencial bajo el Gobierno del líder del partido aprista, y Miguel Atala, ambos estrechos colaboradores del expresidente y señalados como sus testaferros.
La situación legal de García se complicó después de que el pasado domingo se difundiera que la empresa Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la Justicia peruana, revelara que Nava, y su hijo José Antonio Nava, recibieron 4 millones de dólares de la empresa para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
