Los marchistas que llegaron a la ciudad de La Paz desde el norte del país continúan con sus medidas de presión en el centro histórico en demanda de la abrogación de la Ley 1720, mientas que la Cámara de Diputado abrió la posibilidad de abordar este mismo jueves un proyecto de ley para la abrogación de la norma.
Pese a que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, y dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) firmaron un acuerdo para gestionar la anulación de la norma –de conversión voluntaria de tierras– en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), los manifestantes rechazaron las conclusiones de la reunión e instalaron una vigilia en inmediaciones de la Vicepresidencia, en pleno centro paceño, hasta lograr su abrogación.
“Nosotros no tenemos ni un acuerdo, por eso desconocemos ese acuerdo que se ha hecho porque el acuerdo tiene que ser con nosotros, con nuestras bases”, declaró la dirigente campesina Vivian Palomequi.
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Afirmó que la movilización no responde a intereses políticos y se mantendrán en la sede de Gobierno hasta conseguir su objetivo. Los marchistas mantienen su movilización con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y de parlamentarios que secundan su solicitud.
“Se abroga y ya no estaremos en las calles. Esto no es político, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, dijo a Tele Estrella el marchista Carmelo Arce.
Por su parte, la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, informó el miércoles que el órgano Ejecutivo, conforme al acuerdo suscrito, deberá enviar un proyecto de ley para la abrogación de la Ley 1720, la cual será tratada inicialmente en una comisión y luego será remitida al pleno camaral.
La iniciativa “será enviada a la comisión para que ahí pueda ser tratada y analizada esta abrogación, y en caso de que tenga un informe positivo, el día de mañana (hoy jueves) en nuestra continuación de la sesión vamos a tratar ese tema y, obviamente, va a ser puesta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados”, indicó.
Adicionalmente, la Cámara Baja trabajará en la elaboración de una normativa, en coordinación con sectores campesinos, para garantizar la protección de las tierras comunitarias. No obstante, consideró que la “mala información” difundida en torno a la normativa generó malestar y movilizaciones.
En contraparte, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) expresó su rechazo a cualquier tipo de respaldo gubernamental a la posible abrogación de la Ley 1720 y contra el Decreto Supremo 5613, que dispone lineamientos para la titulación de tierra en Beni y Pando. “Estas medidas no son errores técnicos. Son decisiones políticas que tienen un costo humano concreto”, advirtió la institución.
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En ese marco, la entidad advirtió con medidas de presión progresivas en defensa de la conversión de tierras, comenzando con una asamblea de productores de emergencia, prevista para el 14 de mayo en Montero.
La Ley 1720, del 10 de abril de 2026, autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversión voluntaria de pequeñas propiedades tituladas a propiedad mediana, y tiene por objetivo facilitar el acceso a créditos bancarios y la modernización productiva.