El Gobierno presentó una querella penal contra 19 personas, entre ellas cuatro exministros de Defensa, por presuntas irregularidades en la compra e implementación del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA), que habría ocasionado un daño económico de Bs 1.478 millones. La denuncia fue interpuesta por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ante la Fiscalía Departamental de La Paz.
Según la auditoría interna que sustenta la acción legal, Bolivia contrató en 2016, por más de 191 millones de euros, un sistema llave en mano que contemplaba 13 radares civiles y militares, centros de control, comunicaciones, obras civiles, software, capacitación y transferencia tecnológica. El proyecto debía entregarse en 31 meses, pero se firmaron siete contratos modificatorios que ampliaron el plazo hasta 82 meses, mientras que las pruebas finales se realizaron aproximadamente a los 98 meses.
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De acuerdo con los informes técnicos incorporados a la auditoría, de los 13 radares instalados, solamente dos estaban operativos sin observaciones, nueve funcionaban con observaciones y dos no estaban operativos, pese a que el proyecto reportaba un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 97,85%. “Bolivia pagó por un sistema completo funcionando”, afirmó Justiniano.
La querella comprende a los exministros Reymi Ferreira Justiniano, quien suscribió el contrato original y las dos primeras modificaciones; Javier Zavaleta López, firmante de la tercera y cuarta; Luis Fernando López Julio, responsable de la quinta; y Edmundo Novillo Aguilar, quien suscribió las dos últimas. La autoridad aclaró que la investigación debe establecer responsabilidades individuales por actuaciones y decisiones concretas, sin presumir culpabilidad por el solo hecho de haber ejercido un cargo.
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El procurador Hugo León La Faye, señaló que la denuncia fue presentada de manera coordinada con el Ministerio de Defensa y el Viceministerio de Transparencia, por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Justiniano tambien destacó que se solicitarán la anotación de bienes para posibilitar la recuperación de recursos públicos. “No habrá encubrimiento, tampoco habrá condenas anticipadas”, finalizó.