El exministro de Defensa, Luis Fernando López, solicitó al Gobierno y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ejercer su “derecho a regresar” al país, para defenderse en libertad y contar con un “proceso transparente y justo”.
“Muchos bolivianos pudieron volver porque la Constitución y la ley así lo permitieron, pido ese mismo derecho para mí y para todos quienes hemos sido perseguidos por razones políticas: el derecho a regresar, a defendernos en libertad, ante jueces independientes y mediante procesos transparentes y con pleno respeto al debido proceso”, pidió mediante una carta pública difundida en redes sociales.
La exautoridad, quien asumió funciones durante la administración de Jeanine Áñez, enfrenta procesos por su participación en la gestión de transición, los hechos ocurridos durante la crisis de 2019, la presunta compra irregular y con sobreprecio de gases lacrimógenos y otros agentes químicos para las fuerzas de seguridad.
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También se encuentran investigado por presunto alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, entre otros delitos. El 5 de noviembre de 2020, ya en el Gobierno de Luis Arce, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra.
López abandonó Bolivia ese mismo día y, según entrevistas que brindó durante la anterior gestión, primero estuvo en Brasil, luego se trasladó a Paraguay y finalmente se estableció en Argentina, donde actualmente reside.
En su misiva, el exministro aclaró que no pide privilegios ni impunidad, sino defenderse en libertad y afirmó que pretende colaborar con el esclarecimiento de los hechos. “Solicito que mi caso sea revisado conforme a la Constitución y las leyes, sin tratos diferenciados. Lo único que pido es no ser privado de libertad como condena anticipada”, indica.
— Fernando López Julio (@Ferlopezjulio1) September 8, 2026
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“En mi contra se abrieron causas que carecieron de sustento jurídico y estuvieron marcados por la persecución y la venganza política”, afirmó en su carta y explicó que no le permitieron acceder a un abogado defensor y que los argumentos para impulsar una eventual detención preventiva respondían a criterios políticos y no jurídicos.
“Quienes realmente incurrieron en conductas dolosas cumplen hoy sus condenas. En mi caso, se demostró con pruebas y fundamentos legales que no cometí delito alguno”, señala otra parte de la misiva.
Asimismo, sostuvo que durante los seis años que estuvo ausente del país, no pudo asistir a acontecimiento importantes de su familia, como el entierro de su madre y el casamiento de su hijo. Mencionó también que ahora su padre enfrenta problemas graves de salud luego de sufrir infartos y un derrame cerebral.
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“Se utilizó la justicia como arma. Mi persecución no buscó justicia, buscó amedrentarme y convertirme en un ejemplo. El masismo quiso un trofeo. Decidí no dárselo”, aseveró.
Por último, López aseguró que no se arrepiente de ninguna decisión adoptada durante su gestión como ministro de Defensa, pero identificó una falencia que, según considera, influyó en su situación actual: la ausencia de un asesor político.